Agréguese al Artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal, el Pasado Judicial como otra forma de Discriminación para los Funcionarios Públicos Contemplado en el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador

Abstract

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico sobre Agréguese al Artículo 176 del Código Orgánico Integral Penal, el Pasado Judicial como otra forma de Discriminación para los Funcionarios Públicos Contemplado en el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, se fundamenta en la necesidad de imperiosa de garantizar los derechos a la igualdad y la no discriminación que tenemos todos los ecuatorianos, en función de las garantías establecidas en la constitución que obliga que todos los actos gubernamentales guarden armonía con la Norma Suprema. La supremacía constitucional se hace efectiva mediante el control de constitucionalidad; que de esta se asegura la subordinación de todas las normas secundarias a los principios, valores, y reglas consagradas en ella; la que es superior a toda manifestación legislativa o administrativa emanada de autoridad legítima; en, ella nace, se determina y limita el poder del Estado; es por consecuencia, condición de validez y de unidad del ordenamiento jurídico. El Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano por lo tanto, debe estar subordinada a la Carta Magna, caso contrario carecería de eficacia. Cabe destacar que en esta norma no se encuentra tipificado el pasado judicial por lo cual se estaría vulnerando sus derechos de igualdad y de discriminación por pasado judicial; en la misma que se establece en el Art. 176: La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción 3 puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años. En consecuencia el mencionado artículo no menciona sobre el pasado judicial entones esta disposición riñe con la constitución que manifiesta, en el Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República, taxativamente prescribe que “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: …2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. Entonces queda demostrado que la Constitución prohíbe la discriminación por pasado judicial y utiliza una interpretación universal, no específica, es decir, cualquiera que sea la naturaleza del pasado sin restricción alguna; no podrá limitarse sus derechos, entre ellos el acceso al trabajo en el sector público. El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de bibliografía y lingcografía que aportaron a la verificación de objetivos y a la contratación de la Hipótesis planteadas permitiéndome apoyar los cambios propuestos el contenido de la Tesis, es un esfuerzo intelectual en el ámbito científico y metodológico que aborda: teórica y empíricamente la discriminación por pasado judicial por parte de los funcionarios públicos , y la vulneración de derechos fundamentales.