Los Sumarios Administrativos y el Principio de Imparcialidad en las Resoluciones Administrativas

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador es la norma suprema y las demás leyes deben estar acorde a lo que esta señala si no es así carecerá de eficacia jurídica. Constitucionalmente se manifiesta que toda autoridad sea administrativa o judicial debe garantizar los derechos de las partes, así mismo nuestra carta magna nos puntualiza que todos tenemos derechos a ser juzgados por jueces imparciales e independientes. En la Ley Orgánica del Servicio Público se puntualiza que el Sumario Administrativo es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración pública determinará o no el cometimiento, de las faltas administrativas, por parte de los servidores públicos. Un sumario administrativo se llevara a cabo con la aplicación de las garantías al debido proceso. Sin embargo en la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento dentro del procedimiento del Sumario Administrativo se vulneran garantías constitucionales ya que la autoridad nominadora o su delegado es la encargada de iniciar un sumario administrativo y luego es el encargado de sancionar. Al momento de emitir la sanción la autoridad nominadora de preferencia va a tomar una decisión favorable al Estado o va a estar de lado de la institución provocando de esta manera la vulneración al principio de imparcialidad y al derecho de todos a ser juzgados por jueces imparciales como lo determina la Constitución de la República del Ecuador. La Contraloría General del Estado está encargada de la ejecución del sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado se realizará por medio de: El control interno, que es de responsabilidad administrativa de cada una de las instituciones del Estado; y el control externo que comprende: a. El que compete a la Contraloría General del Estado; y, b. El que ejerzan otras instituciones de control del Estado en el ámbito de sus competencias. Razón por la cual existe la necesidad de que antes de la resolución de la autoridad nominadora en los sumarios administrativos; se consignara un informe de control emitido por la Contraloría General del Estado, para que exista imparcialidad administrativa en el trámite y resolución, protegiendo de esta manera los derechos de los servidores públicos sumariados.