Las atribuciones en el control que realiza la superintendencia de información y comunicación producen falta de imparcialidad para resolver administrativamente

Abstract

El derecho a tener un juez imparcial es una de los principales baluartes del Derecho Administrativo y del Derecho Constitucional, ya que esto garantiza un debido proceso, en la toma de decisiones o resoluciones. Al momento de que la Superintendencia de Información y Comunicación cuenta con atribuciones imparciales provoca violación de derechos, sea esto al tomar resoluciones administrativas, porque vulnera el principio de imparcialidad, y de esta manera ocasiona inseguridad jurídica a las personas concesionarias y particulares, haciendo que se contravenga la disposición del Artículo. 56 numeral 1 y 4 de la Ley Orgánica de Comunicación. Es en este punto que surge la problemática jurídica porque la Superintendencia de Información y Comunicación es solamente un organismo técnico de vigilancia, auditoria, intervención y control a los medios de comunicación, y cuando realiza estas dos grandes funciones como es el de sancionar y fiscalizar a las personas infractoras de los medios de comunicación, lo que hace que no sea procedente dentro de la norma legal. La situación es alarmante ya que la aplicación de una sanción administrativa por la misma autoridad fiscalizadora, hace que se produzca la violación al principio de imparcialidad, y no se haga efectivo el debido proceso. Por ello es necesario que exista una delimitación de atribuciones de la Superintendencia de Información y Comunicación, para reparar el daño a la inseguridad jurídica, además que haya una reforma para que garantice una verdadera imparcialidad en el proceso sancionatorio administrativo, siendo necesario impulsar reformas en la Ley Orgánica de Comunicación, para que no se vuelva irreparable el derecho ante la vulneración de los derechos de concesionarios como particulares.