Improcedencia del inciso final del articulo 581 del código orgánico integral penal, por contraponerse a la potestad del fiscal de iniciar la investigación de oficio en los delitos de acción pública

Abstract

El presente trabajo de investigación cuyo tema es “IMPROCEDENCIA DEL INCISO FINAL DEL ARTICULO 581 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, POR CONTRAPONERSE A LA POTESTAD DEL FISCAL DE INICIAR LA INVESTIGACIÓN DE OFICIO EN LOS DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA” es así que el objetivo de este Trabajo de investigación esta orientada al análisis jurídico y crítico de los procedimientos y reclamos en la aplicación de la funciones de la Fiscalía, así como también establecer una reforma jurídica al Código Orgánico Integral Penal, por abordar un tema de la realidad jurídica y social ecuatoriana. La Constitución de la República define a la administración pública como: “un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. La administración pública, entonces, es una de las manifestaciones específicas del poder del Estado, quien tiene la facultad de imponer su voluntad, lo que se denomina Jus Imperium, todo ello sobre la base del interés público. Para ello está dotado de autonomía y de aututela administrativa que es el poder de actuar que posee la administración sin la necesaria intervención de un tercero imparcial, que le dé certeza y valor jurídico de título ejecutivo y ejecutorio a las manifestaciones de su voluntad. Por lo expuesto la misión de la Fiscalía, es la representación social que actúa en defensa del interés público, de las personas y por la seguridad ciudadana, velando por la correcta aplicación de la ley, pero como señalaré más adelante, sometidos a los principios de oportunidad, mínima intervención penal y objetividad. Es así que el inciso final del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal establece un presupuesto de procedimientos para el inicio de la investigación, únicamente para los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, tiene que existir un informe previo con indicios de responsabilidad penal emitido exclusivamente por el Fiscal, lo cual constituye a todas luces un obstáculo para que esta institución de orden institucional pueda ejercer de manera directa sus atribuciones conferidas en la Constitución y las leyes, e iniciar de oficio, una investigación cuando llegue a su conocimiento el presunto cometimiento de uno de estos delitos, lo cual genera indudablemente impunidad e inseguridad, por cuanto la mayor parte de estos delitos no están siendo investigados, menos aún juzgados, con la agilidad y eficiencia con que estas infracciones ameritan ya que van en contra del interés del Estado, puesto que el criterio del fiscal debe ser igual para asunto que de oficio se siguiera.