Aplicación del principio de proporcionalidad en las sanciones impuestas por la Supercom en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) a los medios privados de comunicación del Ecuador

Abstract

Un debate jurídico permanente se resume en torno a las multas consideradas desproporcionales establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación; que no sólo afectan el derecho económico de los medios de comunicación sino que también afectan a la libertad de expresión y libertad de prensa, esto a razón de que las multas se constituyen en una limitación para expresar libremente la información obtenida por los medios ante el temor de ser sancionados. En este sentido la Ley Orgánica de Comunicación, promulgada en 2013 contraviene el principio de proporcionalidad al establecer multas con rangos fijos, que no dan la posibilidad de sopesar y valorar las particularidades de los medios de comunicación y el nivel de cumplimiento de la norma, para ilustrar esta situación existe el caso del incumplimiento de la difusión de contenidos musicales y espacio publicitario los cuales son sancionados con 10 Salarios Básicos Unificados, sin importar el grado de incumplimiento de la norma. Ante esta situación se debe considerar la inclusión y valoración de los principios generales del derecho que constituyen en sentido ontológico la causa y la base del ordenamiento jurídico, y son los soportes centrales de todo el sistema al cual prestan su sentido. - 3 - Por ese motivo, no puede concebirse que una norma legal los contravenga, pues ellos existen con independencia de su reconocimiento legal o jurisprudencial. En este sentido, la aplicación del principio de proporcionalidad radica en la materialización de normas con estructura de principios que contienen derechos fundamentales en colisión, y su aplicación es propia de los Estados constitucionales de derecho. Por lo tanto al concebirse el Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia e incluir dentro de su normativa todo un sistema de principios y garantías que aprovisionan a todos los ciudadanos en la protección de sus derechos ante un posible exceso de poder. Se reconoce que los principios suponen una orientación para todos los poderes públicos pues ayudan, actuando a modo de directrices fundamentales a la correcta aplicación de los preceptos constitucionales, de gran relevancia en materia de derecho administrativo, y un pilar esencial en la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y en la consecución de la seguridad jurídica. Finalmente se reconoce la necesidad imperante de que se lleve a cabo una reforma que modifique los rangos de las sanciones contenidas en la Ley Orgánica de Comunicación.