Ingreso de documentos por parte del procesado en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación a la prisión preventiva en los delitos flagrantes

Abstract

Dentro del ejercicio profesional, los abogados patrocinadores de los juicios penales en los delitos flagrantes que se inician con el cometimiento de una infracción, en el ejercicio de la acción penal de conformidad a lo dispuesto en el Art. 527 del Código Orgánico Integral Penal, “se entiende por flagrancia a las personas que cometan un delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de la supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, así mismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida”; en el caso de que se logre la detención del sospechoso en delito flagrante de ejercicio público , dentro de las veinticuatro horas desde que se lo aprehendió, se llevara a efecto una audiencia oral ante el juzgador competente, y se calificara la legalidad de la aprehensión, seguidamente el señor Fiscal titular de la acción , de existir elementos suficientes , y si la infracción cometida supera el año de pena formulará cargos y de ser pertinente solicitara las medidas cautelares y de protección que el caso amerite, en el hecho real que el Fiscal solicite medida cautelar privativa de libertad, es decir prisión preventiva con la finalidad de asegurar la comparecencia del procesado al proceso y el cumplimiento de una pena siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal que son los siguientes: 1.- Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción; 2.- Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción; 3.- Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la pena; 4.- Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año; en la mencionada audiencia el procesado por el tiempo y su calidad de aprehendido no tiene las facilidades para demostrar lo que en derecho penal se denomina arraigo y desvirtuar el requisito establecido en el numeral 3 del Art. 534 del COIP, y poder indicar que la prisión preventiva no es necesaria y solicitar medidas alternativas que de igual forma asegure la comparecencia del procesado al proceso como la presentación ante la Juez o Fiscal cada quince días y la Prohibición de salida del país, medidas por demás suficientes no privativas de libertad. A hora, bien para poder aportar indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son suficientes se necesita recolectar información laboral, social, familiar, económica y en lo principal el domicilio donde vive el procesado, dicha búsqueda es casi imposible recolectar en el término de 24h00, por las consideraciones ya indicadas; por lo tanto al no demostrar procesalmente el procesado estos indicios, los Jueces aceptan la petición del Fiscal y disponen la Prisión Preventiva; los Abogados en libre ejercicio de la profesión de conformidad al Art. 653 del COIP apelan de la resolución en el presente caso que concede la prisión preventiva ante una de las Salas Especializadas; más sucede que al momento que los miembros de la Sala señalan día y hora para que se lleve a cabo la Audiencia Oral donde se resuelve la Apelación que el recurrente realiza a la resolución que concede la prisión preventiva, señalado el día y hora luego de las intervenciones del recurrente y de la contraparte una vez finalizado el debate , la sala procede a resolver solamente en mérito de lo actuado, no permitiendo la introducción de documentos que permitan demostrar que la medidas cautelares no privativas de libertad son suficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio y el cumplimiento de una pena; por lo que los jueces una vez analizados todos los requisitos ratifican la prisión preventiva quedando el procesado en la indefensión; vulnerando de esta manera el principio constitucional de presunción de inocencia, pues toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el derecho a la libertad consagrado en la Constitución de la República del Ecuador y el principio universal de libertad; si bien es cierto existe la posibilidad en lo posterior de solicitar la revocatoria, sustitución, suspensión o revisión de la prisión preventiva hasta que se cumplan los procedimientos ya pasaría el procesado con la medida de prisión preventiva algunos meses y esto podría desencadenar la pérdida de su trabajo, problemas sociales, económicos y familiares etc. En este contexto surge una conducta anómala que contraviene el principio de presunción de inocencia y de libertad establecido en la Constitución de la República del Ecuador, tratados, pactos y convenios internacionales, por lo que carece de fundamento y trasgrede lo dispuesto en las normas enunciadas y las demás leyes o cuerpos normativos del ordenamiento jurídico, problema que se agudiza con la falta de normas y reformas que tipifiquen un verdadero procedimiento oral dentro de los procesos penales que permitan a los Abogados y Abogadas en libre ejercicio de la profesión que patrocinen las causas puedan demostrar el arraigo de sus defendidos ante los Jueces de la Sala Especializadas de lo Penal, respetando de esta manera a los preceptos y principios jurídicos establecidos en la Constitución de la República y convenios internacionales normas jerárquicamente superiores en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.