La necesidad de incluir un numeral en el art. 42 capitulo IV del código de trabajo, que garantice la obligatoriedad del empleador de contratar el porcentaje mínimo del 30% de personas mayores a 35 años dentro de su planta laboral

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, en todo su texto, garantiza a los ciudadanos un principio básico y universal el mismo que es el Libre acceso al Trabajo; y, por lo tanto igualdad de oportunidades, por consiguiente en su Art. 33 establece que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”1. Y en concordancia con esta disposiciones legal, los artículos 3, numeral (1), 11, numeral (2), 33, 66, (4). Del Código de Trabajo Garantizan el goce de los derechos, sin ningún tipo de discriminación y con iguales oportunidades. Estas garantías que al parecer se cumplen a cabalidad; en la realidad no cumplen con el objetivo de la ley, y peor aún con el espíritu de la misma, puesto que en reiteradas ocasiones se puede observar a simple vista, por medio de anuncios de periódico, cada vez que se llama por una oferta de trabajo, se pone límite de edad, “edad máxima 35 años”, o “se necesita señoritas jóvenes de buena presencia entre 18 y 25 años”; afectando directamente a las personas mayores de 35 años quienes se encuentran en óptimas condiciones de prestar su contingente humano en cualquier institución pública o privada, debido a su experiencia, formación y capacitación. Sin 1 CONSTITUCION de la República del Ecuador, Ediciones Legales, 20 de Octubre del 2008. Art. 33 embargo estas prácticas laborales hacen que los mayores de 35 años se enfrente a un proceso de discriminación sin precedentes, mientras los entes encargados de regular y hacer respetar estos derecho no hacen nada para frenar esta discriminación, que día a día se vuelve parte de la convivencia, sin que nadie se percate o se detenga a observar que se está discriminando. Esta discriminación laboral por edad, hace que los ingresos de las personas empiecen a decaer 10 años antes de lo que sucede en otras economías, por lo que el grado máximo de ahorro puede no ser suficiente para cubrir las necesidades del futuro, especialmente cuando no se puede ingresar a trabajar por motivo de la edad. En este punto nuestros legisladores han dejado de lado el hecho de ser viejo a los 35 años de edad; dejando una ruptura en el marco constitucional y legal, violentando principios básicos como igualdad de oportunidades y no discriminación.