Propuesta de reforma legal al capítulo v, del procedimiento legislativo, sección 1, trámite de aprobación de leyes ordinarias y de urgencia en materia económica, artículos 61 y 62 de la ley orgánica de la función legislativa

Abstract

La Asamblea Nacional desde su creación como tal, en un análisis jurídico/técnico de la acción legislativa durante este período de tiempo, me parece relevante comentar algunos datos que la Corporación Participación Ciudadana ha podido obtener a través de su veeduría a la Asamblea Nacional. Me parece importante destacar que en relación a la iniciativa legislativa, observamos algunos datos de importancia. Cabe precisar que, cuando nos referimos a iniciativas, no tiene que ver con la totalidad de propuestas ingresadas, sino con aquellas que han sido admitidas a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). De este grupo, se observa que un número importante pertenecen al bloque de gobierno, y al Ejecutivo; esto último creemos que puede deberse al hecho de que la Disposición Transitoria Primera de la Constitución, establece de manera mandatoria la obligatoriedad de aprobar importantes leyes durante un plazo determinado, que como es de conocimiento público, resulta escaso para la cantidad e importancia de leyes previstas. Por tanto, vemos que la mayoría de proyectos cuyo trámite se ha iniciado (unos han concluido y otros no), provienen del legislativo, en su mayoría de la bancada oficial (la oposición ha presentado varios proyectos, pero entre los admitidos, los del bloque oficial predominan). En cuanto a la iniciativa por fuera de la Asamblea, predominan los proyectos del Ejecutivo, con una escasa iniciativa legislativa (al menos en proyectos admitidos), tanto de los organismos autónomos, cuanto de la ciudadanía. En lo referente a los mecanismos de debate y aprobación de leyes, la Asamblea de Montecristi, aprobó que el contenido de las leyes sea discutido y aprobado en bloque, y no por artículos como en la legislación precedente. Este ha sido el tema que mayor preocupación nos ha generado. Ciertamente, hay que reconocer que algunas leyes han sido sometidas a importantes procesos y mecanismos públicos de socialización, especialmente en su tratamiento en las Comisiones. Sin embargo, consideramos que ya en el proceso de votación, el hacerlo -en segundo y definitivo debate- por proyectos completos, o en “plancha”, no aporta positivamente al proceso de construcción de las leyes. Al respecto, en el informe de veeduría de la Corporación Participación Ciudadana, a la Comisión Legislativa y de Fiscalización, cuando culminó en sus funciones el ente legislativo transitorio, una de las recomendaciones que formularon fue la de revisar el procedimiento constante en la antigua Ley Orgánica de la Función Legislativa y su respectivo reglamento, en donde se prevé que, al menos los artículos de un proyecto que han sido observados -que generalmente son los más polémicos-, se debatan y voten individualmente. Ello permite a los ciudadanos y opinión pública en general identificar las posturas de cada legislador, en cada tema concreto más allá de la posición que tenga sobre el proyecto en conjunto, facilitando la rendición de cuentas y contribuyendo a la transparencia. Por otro lado permite identificar y corregir con más facilidad, falencias de redacción, errores en la remisión a otras leyes, o a artículos de la misma ley, repeticiones de normas, etc. En la misma línea, nos parece que el establecer plazos para la emisión de informes, tampoco contribuye a la calidad. La aprobación de leyes debe tener todo el tiempo necesario para que el análisis sea adecuado, minucioso y prolijo. Un adecuado diseño institucional y una acertada legislación sobre el funcionamiento de los organismos, deben conciliar el principio de la celeridad con la necesidad de eficiencia y debate adecuado. Tan peligroso resulta para la institucionalidad, una escasa producción legislativa, cuanto una generosa proliferación de leyes que por la premura de cumplir un plazo, o por la ausencia de un debate individualizado de los temas polémicos, se expidan estas sin la rigurosidad, detenimiento y tiempo suficiente que la técnica jurídica recomienda.