Regulación por vía contenciosa administrativa, la tramitación del juicio de expropiación que tiene por objeto determinar la cantidad a pagarse por concepto de precio de la cosa expropiada

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, permite en el Art. 323 que el Estado puede expropiar bienes, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, por parte de cualquier institución del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional. El juicio de expropiación tiene por objeto determinar el monto que debe pagarse por concepto de precio de la cosa expropiada exclusivamente, es así que el Art. 782 del Código de Procedimiento Civil expresa que la tramitación del juicio de expropiación sólo tiene por objeto determinar la cantidad que debe pagarse por concepto de precio de la cosa expropiada, siempre que conste que se trata de expropiación por causa de utilidad pública. Pero según el inciso segundo del Art. 783 del Código de Procedimiento Civil, la declaración de utilidad pública o social hecha por las entidades ya indicadas, para proceder a la expropiación de inmuebles, no podrá ser materia de discusión judicial, pero sí en la vía administrativa. Tomando estas disposiciones por qué se debe tramitar por vía judicial cuando no están de acuerdo la cantidad que debe pagarse por concepto de precio de la cosa expropiada, si la expropiación proviene de un acto administrativo, con lo cual considero que cualquier controversia que surja de un proceso expropiatorio debe sujetarse por vía administrativa y no judicial como es el caso por la falta de acuerdo del precio de la cosa expropiada. Si la controversia por el desacuerdo de la cantidad que debe pagarse por concepto de previo de la cosa expropiada se resuelve por vía judicial, ya en contra de la legalidad en la tramitación de los procesos, por así disponerlos el Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado, en que los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, dentro de la esfera de su competencia, conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos, y reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector público.