Necesidad de incorporar luego del art. 564 del código de procedimiento civil, reglas para la declaratoria de la insolvencia fraudulenta en la legislación ecuatoriana

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, establece y garantiza el derecho a la propiedad de las personas. Con la finalidad de precautelar los bienes de las personas o entidades financieras que otorgan préstamos a las personas, la legislación procesal civil ecuatoriana, ha creado la institución jurídica de la insolvencia, clasificándola en fortuita, culpable y fraudulenta. Es fraudulenta aquellas en que ocurren actos maliciosos del fallido, para perjudicar a los terceros. El Código de Procedimiento Civil al hacer mención sobre la insolvencia fraudulenta, señala que si después de aprobado el convenio se iniciare procedimiento penal contra el fallido como culpable de la quiebra fraudulenta, la jueza o juez de la causa podrá dictar las providencias de seguridad que creyere convenientes, las que cesará de derecho por el sobreseimiento o por la absolución en el procedimiento penal. Es decir la insolvencia fraudulenta es una situación prejudicial que debe ser resuelta en vía civil, para poder iniciar en enjuiciamiento penal. En la práctica sucede que el juez civil por simples presunciones, declara la insolvencia como fraudulenta, ordenando la prisión preventiva y mediante auto dispone que el fiscal inicie la investigación, situación que a mi criterio viola el principio constitucional de libertad y presunción de inocencia. Noto que la ley procesal civil, no establece reglas por las cuales el juez civil pueda presumir dicha insolvencia, por lo que estimo que es necesario regularlas en la ley de manera urgente, a fin de tutelar derechos constitucionales de la personas. A mi criterio considero que es necesario incorporar en el citado cuerpo legal, las siguientes: 1.Si hubiere ocultado bienes; 2. Si hubiere reconocido deudas supuestas; 3. Si hubiere supuesto enajenaciones, con perjuicio de sus acreedores; 4. Si hubiere comprometido en sus propios negocios los bienes que hubiere recibido en depósito, comisión o administración o en el desempeño de un cargo de confianza; 5. Si, posteriormente a la declaración de quiebra, hubiere percibido y aplicado a sus propios usos, bienes de la masa; 6. Si, después de la fecha asignada a la cesación de pagos, hubiere pagado a un acreedor, en perjuicio de los demás, anticipándole el vencimiento de una deuda; 7. Si ocultare o inutilizare sus libros, documentos y demás antecedentes; 8. Si, con intención de retardar la quiebra, el deudor hubiere comprado mercaderías para venderlas por menor precio que el corriente, contraído préstamos a un interés superior al corriente de plaza, puesto en circulación valores de crédito o empleado otros arbitrios ruinosos para hacerse de fondos; 9. Si, inmediatamente después de haber comprado mercaderías al fiado, las vendiere con pérdidas; 10. Si, antes o después de la declaración de quiebra, hubiere comprado para sí por interposición de un tercero y a nombre de éste, bienes de cualquier clase; 11. Si no resultare de sus libros la existencia o salida del activo de su último inventario, o del dinero y valores de cualquier otra especie que hubieren entrado en su poder posteriormente a la facción de aquél; 12. Si, en estado de manifiesta insolvencia, hubiere hecho donaciones cuantiosas; 13. Si hubiere celebrado convenios privados con algunos acreedores en perjuicio de la masa; 14. Si se ausentare o fugare, llevándose una parte de sus haberes; 15. Si el deudor, dentro del ejercicio en el cual cese en el pago de sus obligaciones o en el inmediatamente anterior, hubiere omitido, falseado o desvirtuado información de aquella que ha debido proporcionar de conformidad a la ley, acerca de su real situación legal, económica o financiera, y 16. En general, siempre que hubiere ejecutado dolosamente una operación cualquiera que disminuya su activo o aumente su pasivo, con la finalidad de efectivamente declarar tal insolvencia como fraudulenta.