Necesidad de reformar el literal b, del art. 4 del reglamento de crédito educativo del instituto ecuatoriano de crédito educativos y becas del ecuador

Abstract

El Estado ecuatoriano consciente de la actividad de generar una excelente formación, capacitación y formación de profesionales a nivel a, técnico, tecnológico, profesional y de posgrado del talento humano, ha puesto en marcha un sistema de créditos educativos y becas que permiten a los ciudadanos acceder a todo tipo de préstamo o créditos educativos para cursar o financiar estudios en los programas de educación básica, bachillerato, educación técnica, tecnológicas superior, pregrado tercer nivel, postgrado de cuarto nivel, educación especial, capacitación para educación no formal, investigación científica, carreras militares y afines, entre otros aspectos que forman parte de la línea de crédito de largo plazo cuya recuperación económica para el Estado ecuatoriano se inicia luego de seis meses de concluidos los estudios; sin embargo considero que el termino previsto para el pago de los intereses del crédito educativo a largo plazo es muy corto y el mismo no permite que los beneficiados puedan cumplir con los pagos necesarios para cancelar sus obligaciones, por cuanto, es imposible que durante el termino de seis meses o dentro de los seis meses de gracia, las personas puedan adquirir un empleo que les permita cubrir el pago de tal obligación; además la situación actual por la que pasa el Ecuador, determina que existe una recesión del aparato productivo del Estado que no permite la generación de los recursos económicos necesarios, situación que afecta a la población en general y que limita a las personas a cubrir las deudas que se mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Créditos y Becas del Ecuador, por ello, considero que lo más adecuado es reformar el literal b, del art. 4 del Reglamento de Crédito Educativo del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativos y Becas del Ecuador, incrementando el plazo de pago de los intereses generados del crédito dado a un año para que exista una verdadera cobertura de pago y una garantía social y crediticia para que los beneficiarios cumplan con sus obligaciones.