La justicia indígena en el Ecuador y su cooperación con la justicia ordinaria en los delitos de conmoción social

Abstract

Si bien es cierto la justicia indígena dentro de nuestro país es un tema que se estableció y se reconoció como un modelo de aplicación de justicia en la Constitución del año 1998, la misma que se sustentaba en las costumbres y tradiciones propios de cada pueblo, reconociéndole con esto la autonomía a la justicia indígena, comunidad o nacionalidad indígena; esto fue ratificado y ampliado dentro de la Constitución del 2008 esto dentro del artículo 171. Como parte de un principio universal como lo es la igualdad de derechos y oportunidad que se encuentra establecido en nuestra Constitución es imperante que la participación dentro del sistema de justicia ya sea esta ordinaria o indígena, generando así el derecho más puro de igualdad entre los diversos grupos sociales y étnicos que coexisten en nuestro país. Nuestro país se ve inmerso dentro de un pluralismo jurídico, esto en virtud de que se reconoce dos sistemas de justicia, es pues así que tanto la justicia ordinaria como la justicia indígena, pero mucho más allá de ello existe un vacío al momento de intentar armonizarlas entre sí, esto en virtud de que los principios de administración de justicia son muy antagónicos cuando la realidad debería ser todo lo contrario, es decir la aplicación de justicia en los dos sistemas debería coexistir armoniosamente mediante un reglamento que especifique los principios 3 de cooperación y coordinación, más aún cuando nos encontramos en un país plurinacional y multiétnico como lo es el Ecuador. Esto es como parte de una respuesta a la seguridad jurídica que brinda el Estado a todos los individuos que vivimos dentro del Ecuador ya sea ésta de forma individual o colectiva, esto prácticamente ayuda a que por ningún motivo se violente algún derecho o garantía reconocida en la Constitución. Del mismo modo podemos hacer referencia al reconocimiento que hace el Código Orgánico de la Función Judicial en donde claramente se establece a la justicia indígena como un mecanismo de aplicación de justicia legal en donde las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes y dentro de una de las funciones la ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional. Es de clara observación el conflicto existente entre la justicia indígena y la justicia ordinaria como parte de un mismo régimen de aplicación de la justicia, esto en virtud de que la población no responde a una sola orientación, lo que genera tensiones y conflictos de naturaleza jurisdiccional y de competencia entre las autoridades que, a pesar del mandato constitucional no han podido establecer los mecanismos legales necesarios de cooperación y coordinación. Dentro de todo deducimos que es necesario regular o armonizar a la justicia indígena y a la justicia ordinaria, afianzando y perfeccionar al derecho positivo en cuanto a la aplicación de la justicia.