Necesidad de reformar el art. 33 de la ley organica del servicio público por cuanto no existe norma que garantice el derecho constitucional de acceso a la educacion de las y los servidores públicos que laboran en jornada especial como militares y policias en servicio activo

Abstract

El artículo 26 de la Constitución del Ecuador establece: “La educación es un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.”1 En el Art. 27 del cuerpo de Ley en análisis, prescribe: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz”. En el inciso segundo del mencionado artículo dice:” La educación es indispensable para el conocimiento, y el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.”2 El artículo 33 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que se refiere a los permisos a los que tiene derecho el servidor público, en su primer inciso establece: “La autoridad nominadora concederá permisos hasta por dos horas diarias para estudios regulares, siempre y cuando se acredite matrícula y regular asistencia a clases. Para el caso de los estudiantes, se 1 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada a 2008. Artículo. 26. Pág. 33 2Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada a 2008. Art. 27. Pág. 34 certificará expresamente la aprobación del curso correspondiente. No se concederán estos permisos, a las o los servidores que laboren en jornada especial. (Art. 33 LOSEP) La prohibición de permisos a las y los servidoras que laboren en jornada especial, es lesivo a los derechos constitucionales de igualdad y la no discriminación; además resulta atentatorio a los principios establecidos por la administración pública como son: el principio de equidad, igualdad, oportunidad, y universalidad. Como podemos notar, el contenido absurdo de esta disposición legal, deja un enorme vacío, por cuanto no menciona cuales son las y los servidores públicos que laboran en esta jornada. Sin embargo, se considera que dentro de este rango se encuentran los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional en servicio activo, Médicos y Enfermeras, por cuanto la jornada ordinaria, es aquella que se cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales, con períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo. Según el inciso primero del Art. 229 de la Constitución dice: “Serán servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de los derechos de los servidores y servidoras públicas serán irrenunciables”3 3 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 2008. Art. 229. Pág. 124 De igual forma en los literales n) y q) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público relacionado a los derechos de los servidores públicos señala: n) “No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos”4 q) “Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades.”5 Resulta entonces contradictorio, lesivo y discriminatorio negar el derecho a la educación a un determinado sector que presta servicios públicos en jornadas especiales, vulnerando de esta manera el derecho a la educación garantizado constitucionalmente, así como en la Ley Orgánica del Servicio Público, cuyos principios se encuentran establecidos en el Art 1 de la Ley en mención, como son: equidad, igualdad, oportunidad, participación, solidaridad, y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación, razón suficiente para que a través de este trabajo investigativo poder plantear alternativas de solución.