Reforma del artículo 222 del código orgánico integral penal para sancionar la siembra o cultivo de plantas de las que se extraigan las sustancias estupefacientes y psicotrópicas

Abstract

El sistema penal tiene que llegar al término medio para evitar que en la sociedad se toleren injusticias y procurar alcanzar la paz social en el combate a la delincuencia, es por ello que el presente trabajo investigativo refleja el interés de generar una propuesta de reforma jurídica a la tipificación mediante la cual se sanciona la siembra y cultivo de plantas de las que se extraigan las sustancia estupefacientes y psicotrópicas, para promocionar la visión de una justicia con parámetros aritméticos proporcionales para la aplicación de sanciones acordes a la magnitud de los derechos lesionados. Este estudio realizado aborda dos aspectos relevantes que frecuentemente se ponen frente a frente en los procesos penales por aquellos delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por un lado se encuentra el principio de proporcionalidad como componente del debido proceso en nuestra Constitución y por otro lado la tipificación constante en el Código Orgánico Integral Penal destinada a la sanción de la siembra y cultivo de plantas de las que se extraigan sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Luego del análisis de los postulados jurídicos y doctrinarios, se ha logrado determinar que el principio de proporcionalidad se encuentra debidamente tutelado en nuestra Constitución, sirviendo inclusive como punto de partida para establecer escalas o parámetros en las sanciones de algunas de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, situación que no ocurre con la tipificación para reprimir el delito relacionado con la siembra o cultivo de plantas de las que se extraigan sustancias sujetas a fiscalización, estableciéndose únicamente una sanción general con pena privativa de libertad uno a tres años, lo cual afecta el principio constitucional invocado anteriormente e inclusive se torna insuficiente para para lograr el objetivo de combatir y erradicar el tráfico de drogas y proteger a la comunidad de los peligros que dimanan este tipo de actividades. Estas acepciones son corroboradas en el desarrollo de la investigación de campo ya que a criterio y conocimiento de la mayoría de profesionales, afirman la ocurrencia de este fenómeno jurídico, el mismo que debe ser abordado y tratado desde la perspectiva de una solución inmediata, consistente en una reforma a dicha tipificación constante en el Código Orgánico Integral Penal, la cual debe ajustarse al objetivo de combatir la impunidad sin descuidar las garantías y derechos de las y los ciudadanos dentro del territorio nacional.