Necesidad de incrementar un inciso al artículo 188 del código de trabajo, estableciendo una sanción a los representantes legales de las entidades públicas que permitieran el despido intempestivo

Abstract

El desarrollo de la presente investigación gira entorno a la problemática derivada por el despido intempestivo ocasionado a un trabajador o trabajadora por parte de su empleador. Actualmente en las diferentes Instituciones Públicas se viene vulnerando los derechos de los trabajadores y mucho más en los cambios de periodo cuando las nuevas dignidades sin causa ni justificación alguna despiden intempestivamente a sus trabajadores violando un claro principio Constitucional y las normas prescritas en el Código de Trabajo, ya que este último no permite la terminación de la relación laboral, al menos que sea por visto bueno o desahucio. Según el artículo 10 del Código de Trabajo manifiesta que “El empleador es la persona o entidad”…“El estado, consejos provinciales, las municipalidades y demás personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores…” claramente se entiende que serán dichas entidades públicas las condenadas a indemnizar económicamente al trabajador despedido intempestivamente, según las escalas establecidas en el artículo 188 del Código de Trabajo, ya que de esta manera se repara el daño causado por parte de su empleador. Es decir que con todo lo mencionado anteriormente el Código de Trabajo solo habla de una condenación al empleador o entidad, pero no aplica sanción alguna a los representantes legales de dicha entidad que cometiera dicha falta, la cual se debería, ya que así como intervienen en la suscripción de un contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las actividades laborales de un trabajador o trabajadora con atribuciones y responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador y el articulo 36 y 308 del Código de Trabajo; de la misma manera sean sancionados por dar por terminado una relación laboral sin causa ni justificación e intempestivamente, ya que dicho despido es arbitrario e ilegal a los intereses del trabajador o trabajadora; y, la mayoría de los representantes legales de las instituciones públicas a sabiendas de que es ilegal e ilegitimo dan paso a que se realice el despido.