Análisis jurídico de la disposición transitoria primera de la ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana.- propuesta de reforma

Abstract

La matriz problemática generada luego del proceso de análisis y deducción previo el reconocimiento de las técnicas y procedimientos propios de una investigación jurídica de carácter aplicada, se enfoca en la revisión y estudio teórico de importantes instituciones y figuras jurídicas de relevante connotación en el área del Derecho Positivo. De tal forma que he delimitado mi ámbito de estudio al derecho público, específicamente al análisis de la ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana, cuerpo normativo expedido recientemente a través de su publicación en el Registro Oficial No 759 de fecha 20 de mayo de 2016; Es necesario previo a la delimitación del problema jurídico a identificarse, mencionar que esta ley tiene como base constitucional lo dispuesto en el artículo 389 de la carta magna que establece que es obligación del Estado proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Bajo esta perspectiva la ley en referencia tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas gravemente afectadas. Ahora bien, la forma como ha sido concebida la ayuda del estado en función de su responsabilidad social, ha sido enfocada desde la perspectiva de la modificación del sistema recaudatorio, esto es, a través del incremento de impuestos, específicamente del impuesto al valor agregado, así se desprende lo preceptuado en la disposición transitoria primera de la ley objeto de análisis y que textualmente dice: “PRIMERA.- Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el período de hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley. El Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá disponer que la vigencia de este incremento concluya antes de cumplido el año.(…)” (…)Para la aplicación del descuento dispuesto en el inciso anterior, el Servicio de Rentas Internas, establecerá el procedimiento para que los vendedores de bienes o prestadores de servicios, lo realicen directamente, teniendo derecho a compensarlo como crédito tributario. En caso de que este crédito tributario no pueda ser compensado se aplicará lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Esta compensación estará vigente durante el tiempo de aplicación de la tarifa del IVA del 14%.” En la disposición transitoria primera podemos observar que se dispone el incremento de la tarifa del IVA al 14% durante el periodo de hasta un año contado a partir del primer día del mes siguiente a la vigencia de esta ley. El Presidente podrá disponer que su vigencia sea menor que un año. En primer lugar observamos que hay un exceso de discrecionalidad por parte de la función ejecutiva para incrementar en forma arbitraria el impuesto al valor agregado, pues si bien se debe afrontar las secuelas un desastre natural que ha generado crisis económica, es responsabilidad del gobierno disponer inmediatamente de los fondos emergentes que obligatoriamente debían ser conservados para ser destinados a la emergencia nacional; Considero que existe una afectación de derechos de los contribuyentes a nivel nacional, especialmente de aquellos que subsisten con recursos limitados, pues el IVA es impuesto regresivo que perjudica y afecta a quienes menos ingresos tienen; Así mismo estimo que esta disposición transitoria produce una afectación a derechos de carácter fundamental establecidos en la constitución de la república, pues se busca recaudar recursos de empresas, consumidores y trabajadores para hacer frente a los gastos que demandará la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto del 16 de abril pasado, cuando debería ser el gobierno quien asuma en forma técnica y planificada a través de proyectos sostenibles y activación de líneas de crédito y suscripción dconvenios internacionales, el fortalecimiento económico del país.