Análisis crítico de las incongruencias jurídicas de la ley orgánica de empresas públicas y las leyes que regulan la administración publica

Abstract

El Art. 229 de la Constitución de la República señala que Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismos rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulara el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorara la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. El Art. 315 de la Constitución de la República dispone que el Estado constituya empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas Es por esta situación que se ha creado la Ley de Empresas Pública, ley que regula la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República. El Art. 32 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas señala que las controversias que se originen de las relaciones laborales entre las empresas públicas y sus servidores de carrera u obreros, serán resueltas por la autoridad de trabajo o los jueces de trabajo. Existe una contradicción jurídica para la aplicación en la resolución de controversias que se susciten con el personal que labora y presta sus servicios en las empresas públicas, en el caso de los servidores sus controversias deben ser resueltas por las normas señaladas en la Ley Orgánica del Servicio Público, y los obreros se sujetan a las normas laborales, por así señalarlo el Art. 229 inciso 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que las obreras y obreros del sector públicos están sujetos al Código del Trabajo. Es por estas circunstancias que las controversias que se originaren de las relaciones laborales entre las empresas públicas y sus servidores de carrera u obreros, sean resueltas por la autoridad del trabajo o las juezas o los jueces de trabajo competentes, constituyéndose en acciones inconstitucionales e ilegales en la administración de justicia. Los artículos 3, 56, 57 y 83 de la ley orgánica del servicio público sacan del ámbito de su competencia a los servidores que están regulados por la ley orgánica de empresas públicas, Así mismo el artículo 19 de la ley orgánica de empresas publicas manifiesta que los servidores públicos de libre nombramiento y remoción regulados por las empresas públicas no tendrán relación laboral, existiendo una contradicción a este funcionario se le paga una remuneración goza de todos los beneficios establecidos en la ley. Por lo tanto tiene una relación laboral, lo que pasa que a nuestros asambleístas en vez de poner no tendrán estabilidad laboral están ocasionando la contradicción, así mismo el ejecutivo se ha olvidado de dictar el reglamento a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Con todos estos antecedentes considero importante el conocimiento de estas normas jurídicas para que se reforme la ley y no se viole los derechos de los servidores públicos que trabajan en las empresas públicas y para que se sienten las bases para realizar una propuesta jurídica tendiente a garantizar los derechos establecidos en la constitución y que en la ley orgánica de empresas públicas no están acorde con la carta magna. A través del presente estudio se realiza un estudio de carácter conceptual, doctrinario, jurídico y crítico, en torno a la problemática presentada, en donde se encuentran las incongruencias jurídicas entre la ley orgánica del servicio público y la ley orgánica de empresas públicas. Por lo que considero importante el estudio de este tema; puesto que actualmente es fundamental que todos aquellos individuos que se encuentran regulados por la ley de empresas públicas conozcan sus derechos y puedan exigir los mismos La tesis está estructurada conforme a los lineamientos metodológicos establecidos en el régimen académico de la universidad nacional de Loja. Se han verificado los objetivos propuestos en el proyecto de investigación, así como también se ha contrastado la hipótesis la misma que ha sido positiva, he llegado a las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma que dejo a consideración.