“NECESIDAD DE PRECAUTELAR LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL, ESTABLECIDA EN EL ART 66 NUMERAL 3, LITERAL A) QUE GARANTIZA LA INTEGRIDAD FÍSICA, MORAL O SEXUAL, QUE SE VULNERAN POR EL DELITO INFORMÁTICO”

Abstract

Dentro del control social punitivo, es ejercido por el Estado directamente el por medio del Ius Puniendi, mismo que protege los derechos fundamentales de las personas como uno de los bienes jurídicos de la esencia misma de la persona, lo cual es un atributo natural, garantizado desde la Constitución, pactos y convenios internacionales. En la actualidad existen acciones antijurídicas que lesionan los derechos de las personas, como es el art 66 numeral 3, literal a) que garantiza la integridad física, moral o sexual, que se vulneran por el delito informático por lo que es necesario que se proteja el derecho a las personas, por medio del imperio de la ley penal. El sistema de control social punitivo conlleva a generar la limitación de la acción de hacer o querer, la misma que proviene de la voluntad o conciencia; otro de los presupuestos esenciales para que una persona sea sancionada requiere de la condición física, es decir que la persona sea imputable del acto, y proceda por el mismo. El Estado asuma una responsabilidad dentro de un proceso de garantizar una garantía jurídica dentro del principio de un sistema de legalidad, puesto que ninguna persona puede ser sancionada por un acto no prescrito en las leyes punitivas con su respectiva pena. Lo que se manifiesta en el principio “NULLUM CRIMEN, NULLA POENA, SINE EJE”. Los mismos que se manifiesta que no hay ley o pena sin ley previa. Es necesario que se garantice los derechos de las personas, en nuestra legislación penal, con una tipología que se sancione la acción dañosa o antijurídica para garantizar, una seguridad jurídica y la protección de la vida de las personas. Es importante garantizar a las personas la protección de los derechos fundamentales, la misma posee una garantía por medio de la ley penal, de forma preventiva; la ley penal garantiza una ley conducta general, limitando las acciones que vulneren las garantías Constitucionales. Como en el presente caso por medio de sanción a la tipología de delito informático.