Refórmese el artículo 179 del código de la niñez y adolescencia con respecto al seguimiento de la post adopción

Abstract

La Carta Magna en su artículo 44 señala: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Los niños, niñas y adolescentes, tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”. Así mismo, el principio 6 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, reconoce que todos los niños y niñas, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesitan amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberán crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Por todo lo anteriormente citado, se ha previsto que cuando los niños por cualquier circunstancia quedan en estado de abandono o huérfanos, éstos no queden en desamparo y puedan ser adoptados, por una familia que le garantice un ambiente familiar, que pueda velar por su salud, educación, vestimenta, etc.; sin embargo, las disposiciones legales que regulan lo concerniente al seguimiento de los adoptados es muy limitado y en muchas de las veces no se cumple, por parte de los organismos correspondientes tanto nacionales como internacionales, motivo por el cual considero que es necesario realizar una reforma legal al artículo 179 del Código de la Niñez y la Adolescencia, las mismas que vayan en aras del bienestar y estabilidad del adoptado, para de esta manera salvaguardar los derechos de este grupo de personas que la Constitución los cataloga como de atención prioritaria.