Reformar el artículo 278 del código orgánico integral penal, respecto a la incapacidad permanente para ejercer cargo público

Abstract

La doctrina moderna penal, tiende por seguir la corriente del derecho penal mínimo donde se exige al Estado la utilización del derecho penal como una medida de ultima ratio y dentro de esta corriente en caso de ser necesario por parte del Estado del IUS PUNIENDI, este debe aplicar el principio de proporcionalidad entre las infracciones y la sanción penal. La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 195 establece la facultad privativa de la Fiscalía General del Estado para ejercer la acción penal pública, pero, en el citado artículo también dispone que debe observarse los principios de oportunidad y mínima intervención penal; en el Art. 76 numeral 6 de la norma constitucional exige la aplicación del principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción penal; es decir, la constitución actual se encuentra en la misma línea de la corriente doctrinaria moderna penal. Los derechos citados, tienen como finalidad garantizar la reinserción social de los privados de la libertad y de quienes han cumplido con la pena que les fue impuesta, en otras palabras han pagado su deuda a la sociedad, sin embargo existe una contradicción entre los artículos 278 y 53 del Código Orgánico Integral Penal, cuando en el primero, se sentencia al sujeto por delitos de peculado a no desempeñar un cargo público de por vida, mientras que en el artículo 53 del mismo cuerpo legal se establece que las penas indefinidas se encuentran proscritas. Este es uno de los principales motivos que me ha llevado a realizar un análisis más exhaustivo sobre las disposiciones prescritas en los artículos 53 y 278 del Código Orgánico Integral Penal, considerando además que desde el punto de vista Constitucional, quedaría sin efecto los derechos de los privados de libertad a la reinserción social, el derecho al trabajo debido a su pasado judicial. En la actualidad una persona que ha sido sentenciada por el delito de peculado, pese haber cumplido la pena impuesta, no puede optar ningún cargo público o privado en instituciones financieras durante toda su vida, porque uno de los requisitos exigidos para conseguir un trabajo es no haber sido sentenciado por peculado, situación que causa una fuerte estigmatización porque limita su reinserción social y laboral, afecta a su integridad psicológica y moral al ver que se cierran las oportunidades laborales. No puede ser posible, ni justo que una persona que haya sido condenada por homicidio, asesinato, violación entre otros delitos graves, aun siendo de mayor peligrosidad tenga la oportunidad de ejercer todo cargo público o en entidades financieras, de esta forma cumple el Estado con la reinserción social al trabajo y la no discriminación; sin embargo, las personas que han cumplido con la pena de prisión por el delito de peculado no tiene esa oportunidad. Por lo que se hace necesario reformar el Art. 278 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de que la sanción de incapacidad para desempeñar cargo público o en entidades financieras, sea derogado, y se le dé el tratamiento de legalidad de la pena en igualdad de derechos a todos los infractores por los otros delitos.