Aplicación del principio de corresponsabilidad a los obligados subsidiarios adultos mayores para el pago de pensiones alimenticias

Abstract

En julio del 2009 se promulgó la última reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, que en su artículo innumerado 5.- Obligados a la prestación de alimentos del Capítulo I “Derecho de alimentos” del Título V “Del Derecho a Alimentos” establece en el segundo inciso, que en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales debidamente comprobado -que son los padres-, la obligación de prestar alimentos pasa de acuerdo al orden de prelación dispuesta en el artículo citado, que son: los abuelos/as en primer lugar, hermanos/as que hayan cumplido los 21 años en segundo lugar y tíos/as de los menores en tercer lugar. Esta reforma ha generado un problema jurídico e incluso una polémica social sobre la aplicación del orden de prelación constante en el artículo citado anteriormente donde se establece de forma clara a los responsables subsidiarios en caso de que los titulares principales, es decir los padres, se ausenten, tengan impedimento, insuficiencia de recursos o incapacidad haciendo que recaiga toda responsabilidad económica a los primeros en el orden de prelación que en este caso son los abuelos/as. A partir de esta reforma me llevó a replantearme la vulnerabilidad existente entre los dos grupos de atención prioritaria que han sido calificados de acuerdo al artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, que son los adultos mayores quienes automáticamente entran en el grupo de los abuelos/as citados en el primer lugar del orden de prelación del artículo innumerado 5 y el grupo de los niños, niñas y adolescentes, y que como consecuencia de ello, el Estado está en la obligación de proteger a este sector de la población ecuatoriana. Pero resulta que al momento de ejecutarse un proceso judicial por alimentos de los titulares de este derecho tal como lo comenté anteriormente para el caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o incapacidad de los padres, de inmediato siguiendo el debido proceso, el administrador de justicia aplica el orden de prelación establecido en la Ley Reformatoria a la que me refiero en este tema, trasladando dicha responsabilidad -correspondiendo ésta- a los abuelos o abuelas, especialmente a los adultos mayores, conculcando los derechos primarios, que por una parte está el interés superior del niño y por otra, los derechos de protección de las personas de la tercera edad bajo la responsabilidad del Estado, sin considerar que la mayoría de estos adultos son mayores de 65 años de edad, que incluso sufren enfermedades que llegan a ser catastróficas, por lo que si se evidencia este hecho debe seguirse con el proceso legal de alimentos continuando con el orden de prelación. Como consecuencia de aquello, por parte de los administradores de justicia que aplicando la normativa se ocasiona inconvenientes en las obligaciones subsidiarias, por otra parte, existen casos en los que no se aplica el Principio de Corresponsabilidad, dejando en un estado de indefensión a personas vulnerables por su edad, me refiero específicamente a los adultos mayores, quienes tienen que enfrentar juicios de alimentos de sus nietos produciéndose un perjuicio económico y psicológico, personas que en la realidad han cumplido con su edad productiva acogiéndose a una jubilación que por ley les corresponde, en el mejor de los casos, con la intención de mantener una vida relajada producto del sacrificio de toda su existencia y más que todo procurando mantener una buena calidad de convivencia durante estos años dorados, que sufren enfermedades e incluso necesitan de ayuda permanente de personas para su subsistencia y movilización. Es por ello que se va a realizar una investigación referente a este problema que luego del estudio y análisis de la doctrina, legislación y derecho comparado correspondiente e investigación jurídica de campo con las entrevistas y encuestas a personas conocedoras del tema, se llega a determinar conclusiones, recomendaciones y una propuesta para una posible reforma donde se respete el derecho de los adultos mayores referente al orden de prelación de los obligados subsidiarios basándose en que se exima por su edad y más aun sin presentan alguna enfermedad catastrófica y se continúe con el siguiente obligado subsidiario.