El impuesto a los predios rurales no cumple los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en el Ecuador

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 26, establece que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. En el mismo cuerpo legal, en el TITULO VI trata sobre EL REGIMEN DE DESARROLLO, en su CAPITULO SEXTO: TRABAJO Y PRODUCCION, Sección Segunda: Tipos de Propiedad, instituye: “Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.” Por otra parte la normativa secundaria es decir el Código Civil en su LIBRO II, artículo 599 establece el derecho al dominio en los siguientes términos: “El dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad”. Es entonces la propiedad un derecho establecido constitucionalmente que ampara a los y las ciudadanas en nuestro país, garantizando completamente el uso y goce de cosas, sean estas corporales como los muebles o inmuebles e incorporales como en el caso de la propiedad intelectual. Es decir, el estado garantiza a los ciudadanos ecuatorianos el derecho a usar, gozar y disfrutar de la propiedad en todos estos tipos, siendo entonces inaceptable que la desproporción respecto de los impuestos, en el caso que me ocupa, respecto de los predios rurales, una limitación al uso y goce de los mismos. A pesar de la existencia de la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria y el Reglamento de Aplicación del Impuesto a las Tierras Rurales, sin embargo no se cumple el principio de proporcionalidad y equidad tributaria en nuestro país.; es decir que actualmente, para efectos de estos pagos no se considera la productividad que se genera con la explotación de la tierra. Según Art. 174 de la Ley reformatoria para la Equidad Tributaria, se considera hecho generador de este impuesto la propiedad o posesión de tierras de superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural según la delimitación efectuada por cada municipalidad en las ordenanzas correspondientes que se encuentre ubicado dentro de un radio de cuarenta kilómetros de las cuencas hidrográficas, canales de conducción o fuentes de agua definidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o por la autoridad ambiental. Sin embargo, según Mandato No. 16, Artículo 13 el Pleno de la Asamblea Constituyente, con fecha 23 de Julio del 2008 exoneró el cobro del impuesto para los años 2008 y 2009, en tal virtud, este impuesto debió entrar en vigencia a partir del año 2010. El Reglamento de Aplicación para éste Impuesto fue expedido en el Decreto Ejecutivo No. 1092 del 18 de mayo de 2008. Ante este problema, es necesario investigar y delimitar alternativas de reforma que garanticen el derecho a la propiedad en los términos descritos en la Carta Magna, con plena seguridad juridical y respeto de los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en la normative tributaria.