Inclusión del pluralismo jurídico, frente a las inconsistencias de la justicia ordinaria y la justicia indígena ecuatoriana

Abstract

La lucha por reivindicar y fortalecer los derechos de los pueblos indígenas ha sido una batalla incansable que se remonta a los primeros días de la colonia. Su evolución, junto con la de otros procesos que han intentado forjar sistemas de equidad y justicia material en sociedades donde prevalece la discriminación vertical, ha sido víctima de estigmatización, y una dura represión por parte de los poderes públicos. Fue en los albores de la conquista cuando se vivieron los primeros esbozos de lo que luego sería el sistema político colonial, olvidadizo y acérrimamente opositor a la preservación o desarrollo de las culturas y pueblos que habitaban el Nuevo Mundo. Paradójicamente, los procesos de independencia en nada cambiarían la situación de desamparo que los pueblos indígenas habían padecido hasta ese entonces, sino que los convirtieron en sujetos pasivos de la revolución liderada por las clases oligárquicas que ansiaban una autonomía política y financiera de las metrópolis coloniales. Fue el siglo XX que vio germinar el arduo y laborioso trabajo de grupos indígenas por demandar los derechos que por tantos siglos se les había negado, y el modelo clásico de Estado fue cuestionado al oírse el reclamo de autodeterminación de los pueblos indígenas, en su empeño porque se reconozcan sus normas y espacios mínimos de desarrollo vital, en un mundo cada vez más globalizado, indiferente y supresor de la individualidad cultural. Todo esto, en el escenario de una amenaza constante de degradación y expropiación de espacios ancestrales por un modelo económico neoliberal intolerante y determinado a forjar una hegemonía financiera que semeja los sistemas de dominación fijados en los enclaves administrativos de la América colonial. La evolución que se ha dado en los últimos treinta años en esta materia es significativa, no sólo en el plano internacional sino en los propios países donde la diversidad cultural forma parte íntegra de la composición social, política y económica de cada país. Estos avances se dieron pese al complejo entramado social que se vive en la actualidad en los países vástagos de un sistema colonial que de ninguna forma cimentó la estructura de un Estado que pueda soportar una sociedad culturalmente diversa y aún menos multiétnica. A pesar de las diferencias evidentes que los procesos de integración hayan presentado en las sociedades dominadas, un análisis superficial de la legislación y jurisprudencia postcolonial nos demuestra que entre lugares tan distantes como por ejemplo los pueblos y comunidades de Canadá y Ecuador las relaciones entre Estado y pueblos nativos presentaron la misma dinámica con sorprendente similitud. En ese contexto, la sociedad ecuatoriana alberga un espectro de diferentes culturas y nacionalidades que han luchado de forma activa por recobrar aquellos derechos inherentes a su pleno desarrollo. La actual Constitución del Ecuador reconoce de forma expresa al Estado como plurinacional y multiétnico. El dualismo jurídico que representa el reconocimiento de la plurinacionalidad y sus implicaciones jurisdiccionales subyacentes demanda del legislador y jurista ecuatoriano encontrar soluciones que permitan el desenvolvimiento e interrelación entre las competencias reconocidas a las distintas nacionalidades, pueblos y comunidades en el Estado ecuatoriano. Los artículos escogidos para desarrollar este trabajo investigativo, sobre la justicia ordinaria y la justicia indígena, resaltan esas experiencias en diferentes sociedades y espacios temporales, recopilados a modo de ilustrar estos avances, jurisprudencia e instrumentos internacionales que estimamos han sido innovadores en la difícil tarea de instaurar nuevas formas de entendimiento, respeto e interacción con las comunidades y pueblos indígenas en las políticas estatales. Fomentar un debate enérgico y consciente, no solo entre los espacios académicos sino en todos los espacios de reflexión, constituye el afán primordial de este trabajo investigativo. Este debate debe impulsar un cambio en la concepción social del pluralismo que pueda traducirse en un proceso catalizador que renueve un sistema político y jurídico que aún hoy en día conserva pensamientos y vestigios legales de un tiempo que en nada refleja las necesidades o exigencias reales de una sociedad ecuatoriana diversa. Tomando en consideración y resaltando los procesos vividos en otros países podemos ver que este proceso de debate y cambio ha sido arduo y laborioso, y ha tomado décadas de adaptación y dinamización de los sistemas jurídicos para incorporar aquellos esquemas, reflejo de los sociales, que realmente fomenten un entendimiento estructural de integración. Aspiramos que el presente trabajo, sirva para ilustrar esta difícil tarea que aún queda por desarrollar en nuestro país, cuya sociedad ha jugado un papel secundario al momento de tomar pasos que forjen una base estructural capaz de afrontar el desafío venidero.