Factores que impiden a las personas mayores de quince años poder solicitar la acción judicial de protección que tienen derecho los niños, niñas y adolescentes

Abstract

El presente trabajo de investigación se enmarca en un análisis profundo enfocándose básicamente a la institucionalidad del Estado que permanentemente es abatida por conductas ilegítimas de actores políticos que vulneran la estabilidad y gobernabilidad interna, reflejan no solamente el debilitamiento de la democracia sino que atentan contra la seguridad jurídica que además de constituir uno de nuestros más importantes bienes, representa el emblema de protección y de certeza que tenemos los habitantes de este sector de la patria para esperar la reparación de nuestros derechos cuando de alguna manera ha sido afectada. Ante ello surge la interrogante de conocer la situación de los distintos mecanismos constitucionales y marco legal que abarca la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todas las niñas, niños y adolescentes que viven en este país, precisamente para precautelar ese conjunto de potestades y prerrogativas llamados derechos, partimos de que en el país, el ejercicio, goce y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es ilusorio, más bien son violentados tanto en el ámbito estructural como en su entorno familiar, parece ser algo cultural y que se encuentra enraizado en nuestra cultura. El Estado aunque considera a la niñez y adolescencia como un grupo vulnerable, sin embargo la realidad es otra, al Ecuador le falta más de la mitad del camino para asegurar que todos los niños crezcan sanos y tengan la oportunidad para desarrollar sus capacidades; constantemente se observa la violación a los derechos humanos, abandono, agresión, delitos sexuales, violaciones, lo que es más las familias de aquellos menores agredidos ni siquiera saben a dónde acudir, ni que proceso realizar para salvaguardar la integridad de los menores de edad, lo que hace que visualicemos que la acción judicial de protección no cumpla con el objetivo de obtener un requerimiento judicial para la protección de los derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia. Por ende se llega a determinar que en el Ecuador, la situación de niños y adolescentes es sumamente crítica, los cuales son constantemente sometidos a maltratos, violencia, drogadicción, delincuencia, abandono, además problemas de agresiones intrafamiliares, sin embargo en el Libro III Título X Capítulo III del Código de la Niñez y adolescencia habla sobre LA ACCIÓN JUDICIAL DE PROTECCIÓN, en su Art. 264.- Finalidad y naturaleza.- La acción judicial de protección tiene por objeto obtener un requerimiento judicial para la protección de los derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia, y consiste en la imposición de una determinada conducta de acción u omisión, de posible cumplimiento, dirigido a la persona o entidad requerida, con las prevenciones contempladas en la ley. Pero en el artículo 265 habla de la “Legitimación activa” y de quienes pueden proponer la acción judicial de protección, en sus respectivas jurisdicciones las Juntas de Protección de Derechos, la Defensoría del Pueblo; y, el literal “C” manifiesta “cualquier persona mayor de quince años que tenga interés en ello”, denotando una clara contradicción a una verdadera acción judicial por la continuación del contenido “Para la acción del literal c), se requerirá el patrocinio de abogado”1, por esta contradicción no han logrado reducir las amenazas o violaciones de derechos producidos, más aún cuando la persona mayor de quince años para poder solicitar la acción judicial de protección requiere del patrocinio de un abogado.