El silencio administrativo su aplicación, efectos e inconsistencias en la devolución tributaria ecuatoriana

Abstract

El Derecho Público del Ecuador, abarca al Derecho Administrativo, que regula la actividad del Estado y la administración pública en la que se encuentran inmersas todas las instituciones del sector público, creadas para entregar servicio a la comunidad. Para ello las instituciones del sector público, deben contar con la normativa necesaria que guíe procedimientos creados para el cumplimiento de sus funciones en bien del desarrollo del país. Para cumplimiento de objetivos en el área económica y financiera del país, el Derecho Administrativo contempla al Derecho Financiero y éste al Derecho Tributario, cuerpos legales que rigen el nacimiento, modificación y extinción de recursos de diferente naturaleza, como impuestos, tasas, contribuciones especiales, rentas, aportaciones, capitales créditos públicos, que financian el presupuesto general del Estado para poder atender las necesidades sociales del país. El Derecho Tributario como parte del Derecho Financiero, es un instrumento jurídico que se encarga del control económico, especialmente en la vigilancia de la recaudación de tributos y las relaciones jurídicas que surgen como consecuencia de las diferentes manifestaciones de estos actos administrativos, como el origen, aplicación, reforma y extinción de los tributos, campo en el que actúan el Estado como sujeto activo y el contribuyente como sujeto pasivo. Dentro de este marco legal de recaudación, administración y control de tributos, el Código Tributario, establece la relación jurídica con el contribuyente y los procedimientos necesarios para el pago así como también establece principios a los que debe ajustarse para la exigencia tributaria, esto son: legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad, a más de los dictados por la Constitución de la República como son de: generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, los cuales deben consagrarse como guía para la generación y recaudación. En este ámbito se encuentra que la normativa tributaria establece las exenciones y devoluciones de impuestos, tasas, contribuciones especiales siempre que hayan sido pagados por el contribuyente sin que haya la exigencia jurídica o cancelados en exceso, para el efecto se instituyen diferentes plazos para su resolución, infringiendo los principios tributarios de igualdad y equidad, así como también a los derechos de: petición, seguridad jurídica y de propiedad, establecidos constitucionalmente, o en su defecto no son atendidos por la administración tributaria en los plazos determinados, dando lugar a la aplicación de la figura del Silencio Administrativo, establecido en la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y de Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada. La vigencia de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro Oficial 349 de fecha 31 de Diciembre de 1993, en su Art. 28 recoge, nuevas y correctas posiciones de derecho positivo y de la actual doctrina administrativa, relacionadas con el tema en estudio, introduce en el sistema jurídico ecuatoriano la figura del “Silencio Administrativo positivo”, prescribiendo que la no contestación de la autoridad pública dentro del término de quince días, a las solicitudes a ellas dirigidas por los administrados, debe entenderse en el sentido de que la petición ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta a favor del reclamante. La disposición citada, con claridad consagra el silencio administrativo positivo y, además precisa el término que debe transcurrir para que este se produzca, debiendo aclarar que el mismo es aplicable luego de que han concluido los plazos dictados para cada uno de los procedimientos, conforme lo determina el Art. 132 del Código Tributario que instituye el plazo de 120 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo, entre otros. A pesar de las buenas intenciones el silencio administrativo, su aplicación avista muchos inconvenientes que dificultan la ejecución de la misma, no existe un trámite que garantice su ejecución, así como tampoco existe una clara determinación de los casos en los cuales se puede aplicar el silencio de la administración, porque, no puede ser suficiente el hecho de que la Administración Pública no conteste, sino más bien debe estar enmarcado en lo que establece la Ley. Aquí radica el problema, como se dijo anteriormente, el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, no ha delimitado el ámbito de su aplicación. Es por ello que se considera de gran importancia analizar y encontrar el medio legal más adecuado para reformar el marco legal y administrativo que permita la igualdad de derechos en toda la administración pública y contar con el procedimiento apropiado para la aplicación práctica del silencio administrativo, en beneficio de los contribuyentes y se contrarreste el abuso de algunos empleados públicos que desafortunadamente no cumplen con su función.