Otorgar las competencias a la justicia ordinaria por parte de la justicia indígena en los casos de abigeato; con la finalidad de garantizar los derechos del imputado.

Abstract

Cuando me refiero a otorgar las competencias al sistema jurídico estatal por parte de la justicia indígena en los casos de abigeato, es con la finalidad de garantizar los derechos humanos primordiales y constitucionales del infractor. El Código Orgánico de la Función Judicial prevé las competencias que les son atribuidas a las juezas y jueces de garantías penales, entre las cuales esta garantizar los derechos de la persona acusada, situación que no sucede en los procesos de ajusticiamiento indígena. Cuando el infractor es aprehendido por la comunidad indígena, este es sometido a un proceso poco garantista y menos aún se ve los derechos constitucionales que poseemos todos los ciudadanos. Al ser subordinado el infractor a un linchamiento frente a toda la comunidad y bajo una humillación total, se anula por completo los derechos humanos y constitucionales que este por naturaleza posee y que abusivamente los comuneros despojan. El haber cometido una infracción, no es una razón para que se nuliten, bajo ninguna causa, los derechos humanos y constitucionales que cada ser humano ostenta por naturaleza. Los linchamientos no solo que van al abuso físico del acusado, sino que, en más de una ocasión terminan en salvajismos que lesionan seriamente al acusado. El hecho de no tener, en la gran mayoría de comunidades, un documento o reglamento escrito, que sirva como fundamento para impartir justicia, resulta bastante negligente e irónicamente injusto. La justicia indígena a través de la denominada “purificación”, pretende expiar la culpa del imputado por el acto delictivo cometido, y con ello dar un escarmiento para que no lo vuelva a cometer; más en la práctica, se comete un sin número de arbitrariedades e injusticias que van desde, el aislamiento del individuo, la privación de una buena alimentación, es expuesto en público para determinar su castigo y finalmente el flagelo o sanción física, invalidando por completo el derecho constitucional a la integridad personal que poseemos todos los ciudadanos.