Reforma del artículo 11 de la ley de registro referente a la negativa registral.

Abstract

El Registro de la Propiedad en la actualidad es una entidad que brinda un servicio público, y que por tanto se constituye en una Institución Pública bajo Dependencia Municipal, que en su actividad tiene la misión de registrar todo acto y contrato susceptible de inscripción tanto en forma constitutiva, declarativa y publicitaria, llevando un archivo con asientos registrales en orden cronológico. Sin embargo la práctica de dicha actividad en los actuales tiempos ha requerido de mayor prolijidad y cuidado al momento de calificar un acto o contrato para su correspondiente inscripción, más aún cuando la Constitución de la República, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil entre otros, han sufrido un cambio o reforma; y finalmente con la promulgación de la Ley de Registro de Datos públicos, han producido un incremento de los asientos registrales, así como también el surgimiento de inconvenientes al momento de realizar el Registro de tal o cual acto o contrato. De allí que se origina la necesidad de identificar la facultad y potestad que tienen los Registradores de la Propiedad, al momento de calificar un documento para registrarlo, pues la Ley de Registro solo prevé dos alternativas al momento en que dicho documento es ingresado en la entidad registral. Como primera alternativa basada en que la calificación del documento sea favorable y se lo considere como susceptible de inscripción en función de la normativa legal; y como segunda alternativa basada en que la calificación de dicho documento sea desfavorable, por tratarse de un documento, acto o contrato que la Ley no permite inscribir. En este último caso los Registradores de la Propiedad han tenido más de un dolor de cabeza, pues en su artículo 11, y literales siguientes, se otorga a dichos servidores la atribución de inscribir todos los documentos cuya inscripción exige o permite la Ley, y además otorga la facultad de negar la inscripción, indicando ocho causales para hacerlo. La presente investigación gira entorno a lo dispuesto por la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, literal uno, en el cual se determina que toda autoridad administrativa o judicial, garantizará el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, de tal forma que se asegurará el derecho al debido proceso. Es así que cuando un ciudadano acude a una entidad de carácter público constitutivo como lo es el Registro de la Propiedad, para solicitar la inscripción de un acto o contrato, necesariamente incursiona en un proceso que actualmente no se encuentra del todo determinado; pues la investigación de campo realizada ha permitido sacar a relucir que en los diferentes Registros inmobiliarios han formulado en forma particular su proceso de inscripción, iniciando con el ingreso de los documentos, luego a la etapa de revisión legal, para luego ingresar al repertorio y posteriormente su inscripción; pero cuando se tratar de sentar una negativa, se aplica el proceso indicado sentando la razón de que no se inscribe el acto o contrato con la debida motivación, dejando a salvo el derecho que el interesado puede acudir al Juez Civil para solicitar la inscripción. En teoría, sería muy sencillo aplicar este proceso para los actos o contratos que a diario se ventilan en los Registros de la Propiedad; sin embargo la aparición de nuevos cuerpos legales, como el COOTAD, la Ley de Registro de Datos Públicos, y la Aparición de la Dirección Nacional de Datos, ha complicado la indicada aplicación, puesto que han surgido nuevas competencias y nuevas exigencias de carácter administrativo principalmente; es decir los Registros son instituciones que ahora dependen de los GAD Municipales y de la DINARDAP, instituciones que podrían en primera instancias solucionar los inconvenientes que preceden a las negativas registrales. Dicho de otra manera los GAD Municipales tendrían la potestad de conocer y resolver sobre las negativas sentadas por el Registrador, cuando su motivación sea por causales de carácter administrativo y que consten en el COOTAD. La práctica registral en nuestro país es una labor que requiere de una conjunción entre varios aspectos, entidades y autoridades encaminadas a brindar un servicio de calidad, con eficiencia y buen trato, como determina la Constitución en su artículo 66 numeral 25, garantizando además la seguridad jurídica inmobiliaria.