Necesidad de la creación del recurso de apelación ante la inconstitucionalidad del art 10 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa.

Abstract

La contradicción jurídica existente entre el art 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el art 76 núm. 7, lit. m de la Constitución de la República del Ecuador, es manifiesta, ya que por un lado en la Constitución se asegura el debido proceso con la garantía de recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos y por otro lado lo establecido en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que manda al Tribunal Contencioso Administrativo a conocer y resolver en única instancia de las impugnaciones a los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública, o de las personas semipúblicas o de derecho privado con finalidad social o pública y decidir acerca de su legalidad o ilegalidad. Descartar la limitación de única instancia en esta ley y crear la posibilidad de una impugnación mediante el tan conocido recurso de apelación, es para el administrado una propuesta importante, para ello es necesario precisar conceptos como el de Derecho Administrativo, administración pública, actos y hechos administrativos, y demás contenidos en este trabajo, todos ellos válidos para encaminar este proyecto al objetivo propuesto ya que hay que entender el origen y los fines de cada uno de estos fundamentos para entender el porque es inconstitucional esta norma, especialmente en atención a los cambios que se han venido produciendo en la Administración Publica, la exigencia una conexión con otras leyes, principalmente con la Constitución de la República del Ecuador. Así también es imprescindible confirmar la sujeción existente al enjuiciamiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de actos y disposiciones fuera de la ley emitidos por los órganos administrativos públicos. La ley debe atender a todos los problemas que surgen consistentes en asegurar la tutela judicial y el debido proceso de quienes resulten afectados en sus derechos o intereses por dichos actos o disposiciones, garantizados por la Constitución de la Republica. Esta ley sería insuficiente si se limita a enjuiciar las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones de rango inferior a la ley y con los actos y hechos administrativos en sentido estricto, lo que realmente importa y justifica es asegurar, los derechos de los interesados y del interés en general, el exacto sometimiento de la administración al Derecho en todas las actuaciones que realiza en su condición de poder público. Por ley, la actividad administrativa está sometida a dos medios de control; el procedimiento administrativo y el proceso contencioso administrativa. Ambas vías permiten lograr la subordinación del Estado al Derecho, pero tienen naturaleza diferente. La vía administrativa constituye el ritual formal de preparación, formación, control e impugnación de la voluntad administrativa, no obstante se topan con una problemática que puede condicionar la idea de garantía ya que es la misma autoridad la que desarrolla el procedimiento para formular su propia voluntad, al tiempo que es ella misma quien resuelve sobre el recurso planteado contra su propio acto o decisión. Es así que la existencia del Proceso de lo Contencioso Administrativo, es imperativo, ya que cuyo fundamento resulta de la necesidad de someter a las actuaciones de la administración pública a juicio de un tercero imparcial, de manera que se haga efectiva la presencia de la justicia en las relaciones que aquella establece con los administrados, y se asegure la vigencia del ordenamiento jurídico en las situaciones concretas, posibilidad que la vía administrativa no le da. Es importante manifestar que según la Ley de Modernización el proceso contencioso no es una especie de segunda instancia a la que se accedería luego de haber asistido y agotado la vía administrativa, todo lo contrario, pues si el perjudicado decide ir directamente por la vía judicial esta se inicia mediante una demanda poniendo en actividad a la jurisdicción con el fin de resolver una controversia según Derecho. La concordancia y subordinación de leyes menores con la Constitución debe ser fundamental por lo que el análisis relacionado con la tutela efectiva, debido proceso, y todo lo concerniente con el Proceso Contencioso Administrativo, adicionalmente con la investigación de campo, permite un entendimiento del tema, ubica exactamente cuál es el vicio jurídico y como resultado una correcta presentación de la propuesta jurídica.