Necesidad de reformar el art. 547 del código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización, para que se incorpore al gremio de los artesanos como contribuyentes en el pago del impuesto de patentes municipales y metropolitanas

Abstract

El desarrollo de obras públicas, prestación de servicios y pago de salarios de los funcionarios públicos en las distintas empresas e instituciones, son rubros que anualmente por mandato de la constitución y responsabilidad del Estado como la máxima institución jurídica que representa a las y los ciudadanos, deben financiarse adecuadamente, para qué se cumpla con el precepto de la continuidad en cuanto al desarrollo de obras y prestación de servicios. Para que se dé esta constante, es necesario contar con los recursos económico, técnico y humano necesarios, por tal motivo se requiere de fuentes de financiamiento de gran escala, ya que si consideramos la diversidad de servicios, obras y funcionarios que se requieren para la satisfacción de nuestras necesidades, se vuelve imprescindible por parte de las autoridades económicas buscan de forma constante las fuentes de financiamiento pertinentes. Tradicionalmente nuestro país ha aprovechado la explotación de sus recursos naturales no renovables para dicho financiamiento a través de la explotación petrolera, y como un mecanismo de complementación de recursos, se aplica la recaudación tributaria, la cual consiste en la aplicación de acuerdo al mandato de la ley, de impuestos, tasas o contribuciones económicas hacia las cuales los ciudadanos nos encontramos comprometidos para su cancelación, cuyos recursos son igualmente destinados al desarrollo social a través de su incorporación al presupuesto General del Estado. Es cierto que el pago de impuestos constituye una obligación ciudadana, pero su cumplimiento debe ser considerado criterios de proporcionalidad e igualdad, ya que por ejemplo dentro del COOTAD existe una peculiar disposición, la cual en materia de recaudación tributaria establece que los comerciantes, profesionales y en general toda persona natural y jurídica que ejerza actividades cuyo principal destino sea el lucro a través del comercio o ejercicio profesional, debe cancelar de forma anual del impuesto denominado patente municipal o metropolitana, cuyo costo varía de acuerdo a cada municipio y que a través de su cancelación otorga legalmente por parte del gobierno municipal, el permiso de funcionamiento de los establecimientos, sin embargo dentro de la mencionada ley se libera del pago de esta obligación tributaria a los artesanos, que si bien forman parte del sector de la economía popular y solidaria, también desarrollan sus actividades con la principal finalidad del lucro y a través de esta preferencia tributaria, se genera un clima de desigualdad tributaria e incluso de competencia desleal hacia el resto de comerciantes y profesionales que por mandato de la ley son obligados a la cancelación de este impuesto.