Necesidad de precautelar el interés del alimentante en los procesos de alimentos mediante la incorporación de la rendición de cuentas del destino de los valores de las pensiones alimenticias en el código de la niñez y adolescencia

Abstract

Los niños, niñas y adolescentes a lo largo de la historia se ha tratado de dar una protección especial y preferente, es así que en los diferentes tratados y convenios internacionales se ha dado énfasis a esta situación; de la misma manera las diferentes Constituciones de la Republica han reconocido esto, la Constitución en vigencia no es la excepción determina que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. El desarrollo integral debemos de entenderlo como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Comprendiendo este entorno o este panorama de protección integral de este grupo de personas se requiere de algunos elementos fundamentales como lo son la alimentación, vestuario, vivienda, atención médica, educación, recreación entre otros; es por ello que el Código de la Niñez y la adolescencia es sabio en determinar que el derecho de alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye: 1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; 3. Educación; 4. Cuidado; 5. Vestuario adecuado; 6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; 7. Transporte; 8. Cultura, recreación y deportes; y, 9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva. Ya con la comprensión de esta concepción debemos de considerar que dentro de los procesos de alimentos intervienen tres personas, el alimentante, el alimentario y su representante. Mientras se determine que se da un correcto destino a las pensiones alimenticias no existiría problema alguno, pero la realidad nos ha demostrado casos muy diferentes donde el representante utiliza a su criterio y beneficio los valores que recibe por concepto de pensión de alimentos del menor, lo que sin duda trastoca el verdadero espíritu del derecho de alimentos. La Ley establece el principio de corresponsabilidad jurídica, por ello se debe considerar y establecer el destino y correcto uso del valor de las pensiones alimenticias, que estas sean justificadas por parte de los representantes; lo que tendría correspondencia con lo determinado en Código Civil en los casos de guardadores y curadores donde se determina que el guardador tiene la obligación de rendir cuentas anuales documentadas del ejercicio de su guarda, por lo que se puedeevidenciar la necesidad de precautelar el interés del alimentante en los procesos de alimentos mediante la incorporación de la rendición de cuentas del destino de los valores de las pensiones alimenticias en el código de la niñez y adolescencia.