Necesidad de realizar reformas al art. 177 del código orgánico de la producción, comercio e inversiones (copci) relacionado con el contrabando de mercancías dentro del territorio nacional ecuatoriano.

Abstract

La actual carta magna ecuatoriana reconoce y garantiza a toda la nación, dentro de los derechos del buen vivir, a tener una vida digna que asegure salud, alimentación, educación, seguridad social, vialidad, entre otros. Para responder a estos requerimientos de la población ecuatoriana, el estado recurre a las diversas fuentes de ingreso, uno de ellos es la tributación aduanera, que de conformidad a la parte pertinente del Art. 300 de la Constitución de la Republica, debe hacerlo de acuerdo a los principios del Derecho Tributario como son: la generalidad, la progresividad, la eficiencia, la simplicidad administrativa, la irretroactividad, la transparencia y suficiencia recaudatoria. Bajo este argumento legal y precepto constitucional, todos sin excepción estamos obligados a tributar, una vez que se ha producido el hecho generador, de conformidad a lo establecido en la Ley. Cabe indicar que quien no pague tributos estando en la obligación de hacerlo, infringe la Ley y por ende debe imponérsele una sanción penal. El Art. 177 de Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, sanciona el contrabando de mercancías con penas de prisión de dos a cinco años, multa de hasta tres veces el valor en aduana de las mercancías objeto del delito y la incautación definitiva de las mismas. Sin embargo en el país es evidente el alto tráfico de mercancías lo cual ocasiona graves perjuicios a la economía de Estado ecuatoriano, que a pesar de los esfuerzos realizados por los diferentes organismos estatales encargados de controlar no se ha logrado erradicarlo, por ende considero que debe establecerse sanciones penales más radicales o fuertes. El delito aduanero y específicamente el contrabando de mercancías son males frecuentes del país, teniendo su origen en la época colonial; por lo tanto es el mismo antiguo mal que solo ha ido adquiriendo nuevas vínculos y está profundamente entrado en nuestra sociedad, por ello los esfuerzos para su erradicación no han sido suficientes. Entre las mercancías que se trafican tenemos: zapatos, prendas de vestir, medicinas, explosivos, armas e inclusive combustible. Cabe indicar que en el delito de contrabando no solo existe el bien jurídico protegido del orden económico , sino el de funcionalidad patrimonial de la administración publica. Cuando interviene en el ilícito un funcionario publico o una persona que ejerce4 las potestades estatales se entiende que se afecta también al interés o bien jurídico de la fe pública depositada en dicha persona. A si mismo el contrabando no solo se contrae a afectar aspectos patrimoniales de la administración pública sino que también abarca a su deber del control del comercio internacional, puesto que existen ilícitos aduaneros que no afectan a la capacidad recaudadora del Estado. En el caso de los particulares, el delito lesiona a la industria y comercio nacional y su afectación produce la perdida de empleo, la generación de una economía subterránea, daños a la propiedad intelectual, la venta de mercancías sin garantía para el consumidor final y en general causa un grave daño para la economía nacional. En vista de estas consideraciones el orden económico y su protección penal abarcan un espectro extensivo que incluye a la administración pública y a la colectividad en general.