La caución como requisito para la interposición de acciones y recursos contra actos y procedimientos de la administración tributaria, deja en la indefensión a los usuarios contribuyentes

Abstract

Nuestra Constitución consagra las garantías del debido proceso bajo la denominación de derechos de protección, y entre ellas contempla que todas las personas sometidas a un proceso legal, están amparadas por la gratuidad en el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita, y el derecho a la defensa; en concordancia con esto constitucionalmente se determina que ninguna persona quedará en estado de indefensión. No obstante el reconocimiento de tan importantes principios constitucionales como son los que se ha referido anteriormente, éstos son puestos en riesgo de vulneración a consecuencia de que en el Código Tributario ecuatoriano se introducir un criterio legislativo, en franca contradicción con aquellos. Es el hecho de que se exige en la norma tributaria pertinente que para la presentación de acciones y recursos en contra de los actos y procedimientos de la administración tributaria, el accionante o recurrente debe realizar el pago de una caución correspondiente al diez por ciento del total de tributo, que se pretende recaudar. Es así, que se genera través de la normativa anterior condiciones en el ejercicio del derecho a la defensa, y del acceso a la tutela judicial efectiva, al exigirse un pago económico, contraviniendo la gratuidad del acceso a la administración de justicia, para que el accionante o recurrente pueda acudir a la instancia superior, es decir ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, y reclamar de éste la protección para sus derechos e intereses afectados por el acto o procedimiento administrativo. La contradicción entre la normativa tributaria vigente, y los preceptos constitucionales, genera un problema de inseguridad jurídica a los administrados, por lo que he titulado este trabajo: “LA CAUCIÓN COMO REQUISITO PARA LA INTERPOSICIÓN DE ACCIONES Y RECURSOS CONTRA ACTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DEJA EN LA INDEFENSIÓN A LOS USUARIOS CONTRIBUYENTES”. Esta investigación concluye, planteando una propuesta jurídica a fin de proteger de manera eficiente los derechos de los administrados, y garantizar que exista una coherencia entre los preceptos tributarios y la norma constitucional suprema