La prisión del alimentante por falta de pago en pensiones alimenticias, y su regulación, en el código de la niñéz y adolescencia

Abstract

La cotidianidad y experiencia de la vida comunitaria, en cuanto a la realidad social, me ha llevado a establecer que los individuos, somos parte de las relaciones sociales, y por tal consideración, es preciso concretar las relaciones socio jurídicas, que en muchos casos resultan, casos extremos en donde están involucrados menores de edad, que vistos desde el punto de vista de su vulnerabilidad, concierta en una idea que conmociona la sociedad, cuando son puestos en peligro o cuando son abandonados a su arbitrio, lo cual permite atender un problema doblemente peligroso, que precisamente atiende al estado, el tratar estos conflictos con propósito de sus políticas públicas. Es importante rescatar que la sociedad mantiene grupos de atención prioritaria, como queda dicho, a quienes se debe prioritariamente atención y tratamientos de orden político, que eviten un riesgo en su integridad física, psicológica y sexual, en cuya consideración, la función del Estado es de mayor importancia, en este sentido según se demuestra con el presente trabajo investigativo, cuando en la literatura se exponen los derechos exclusivos que permiten garantizar la estabilidad física, psicológica y sexual, a más de los principios fundamentales que guardan relación con su edad. Los riesgos en la integridad de los menores de edad, se ven cuando por acción u omisión, son sometidos al abandono, y peor aún, cuando por este motivo, ya siendo parte de su vida, el costumbrismo y las necesidades, se dedican a degradar su vida, dedicándose a simple mente huir y dejar sin esa pensión alimenticia del menor involucrado, que hacen de este grupo social uno de los más grandes negocios en lo global, y por supuesto peligrosos personajes del crimen. Finalmente pido se suspenda la prisión a las personas que por motivos muy personales se atrasan a esta responsabilidad, es pertinente desde mi punto de vista, considerando que se violenta bienes jurídicos personalísimos, como la integridad, salud y hasta la vida del ser humano, lo cual resulta lógico y por supuesto jurídico.