Se debe reformar el art. 3 del código de procedimiento civil, incluyendo a la justicia indigena como un tipo especial de jurisdiccion y competencia

Abstract

El sistema jurídico indígena en la concepción del Estado Constitucional de derecho, intercultural y pluricultural, nos permite afirmar la existencia de un sistema jurídico indígena y por ende de la práctica de la administración de justicia de acuerdo a la tradición ancestral o derecho propio. En el Art. 171 de la Constitución de la República, establece la plena vigencia del pluralismo jurídico en el Ecuador, y por lo tanto garantiza que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por todas las Instituciones y autoridades del Estado sin especificar. Consecuentemente, en un mismo ámbito territorial conviven diferentes sistemas del derecho, unos sujetos a derecho positivo y otros basados en el derecho propio o consuetudinario, éste último debido a la presencia de varios pueblos y nacionalidades indígenas, para ello es necesario tener presente normas jurídicas como son la propia Constitución de la República, Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Las transformaciones que se han operado, a nivel social y político, en nuestro país, están estrechamente relacionadas con los procesos de movilización de los pueblos indígenas. Ello ha hecho que dichos pueblos hayan estado al centro de la agenda social y política en diversos asuntos y la exigencia de convocatoria de un espacio de transformación jurídica del Estado, cual se pretendía que fuese la Asamblea Constituyente. Sin embargo en este ámbito, uno de los problemas más álgidos de la relación pueblos indígenas – Estado, ha sido el tema de la justicia indígena, la cual si bien es cierto se aplica en diversa forma en las distintas comunidades indígenas, requiere tener una mínima norma procesal que impida los excesos y por lo tanto garantice el reconocimiento de los derechos constitucionales de las personas. En los últimos años, los Estados latinoamericanos y el ecuatoriano en particular han consignado una serie de normas jurídicas para la “protección” de derechos de los pueblos indígenas. Se trata de una serie de normas y políticas de Estado; que pretenden permitir la inclusión de los pueblos indígenas en las estructuras estatales. Frente a la construcción del sistema de dominación estatal, los pueblos indígenas plantearon la propuesta del Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una propuesta que rompe la hegemonía del Estado-nación, disputa el monopolio de poder de la clase capitalista y de la oligarquía, sectores privilegiados que han creído siempre ser los constructores de la nación. Sin embargo y pese a que su existencia está legalmente reconocida, existen vacíos que impiden o retardan su reconocimiento y aplicación; tal es el caso de la falta de reconocimiento expreso del tipo de jurisdicción al que pertenece la justicia indígena en el derecho procesal civil por lo cual hoy generalizan los casos; materia que en la práctica constituye norma supletoria en todos los casos. El Código de Procedimiento Civil en su Art. 3 determina los tipos de jurisdicción legalmente reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, dentro de los cuales no se hace mención a la jurisdicción indígena; aspecto que propicia confusión al momento de realizar un juzgamiento ya que no se señala en forma expresa el tipo de jurisdicción y competencia de que goza la justicia indígena, circunstancia que debe reformarse urgentemente, con las competencias claras. En la jurisdicción indígena existen jerarquía de autoridades, para hacer cumplir y vigilar el sistema jurídico ancestral; cuyas ejecutorias se basan en el consejo, la palabra, las cláusulas de aseguramiento, la vergüenza pública y en la reincorporación del sujeto infractor en la comunidad y como fin último, lograr y mantener la paz social, la armonía y el equilibrio.