Proyecto de reforma a los artículos 32, 34, y 35 del código penal en lo referente a la demencia temporal y la violación del derecho a la vida de la víctima

Abstract

La vida es el derecho más importante para los seres humanos. Entre los derechos del hombre, sin duda el más importante es el derecho a la vida, pues es la razón de ser de los demás, ya que no tendría sentido garantizar la propiedad, la religión o la cultura, si el sujeto al que se los concede está muerto. Integra la categoría de derechos civiles, y de primera generación, y está reconocido en numerosos tratados internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención para la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes. En este sentido la vida es el bien jurídico más preciado del hombre, ya que si éste falta los demás bienes carecen de sentido para él, y es también un bien jurídico que el Estado necesita tutelar para proteger la existencia de sus habitantes, elemento esencial del Estado, que además tiene la obligación de brindar seguridad; sin embargo nuestro Código Penal contempla un título en el cual se trata sobre la imputabilidad de las personas responsables de las infracciones; y específicamente en el Art. 32, el cual señala que “Nadie puede ser reprimido por un acto previsto en la Ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia”, en concordancia a esta norma el Art. 34 expresa “No es responsable quien, en el momento en que se realizó la acción u omisión, estaba, por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de entender o de querer”; lo que quiere decir, si una persona es muerta y/o asesinada por un sujeto, el defensor del procesado puede aducir que el acto fue cometido sin conciencia, porque su defendido sufre de una enfermedad mental, y como la justicia y los actos de ciertos profesionales del Derecho y de la Medicina no son éticos, el delito puede quedar impune y de esta manera el derecho a la vida ha sido vulnerado. Bajo la denominación de locura comprende varias acciones causantes de ofuscación, de un bloqueo de la facultad de entender y querer, enfermedades físicas y psíquicas, pudiendo ser constitucional o adquirida, la intoxicación y el sueño, natural o hipnótico. La inimputabilidad por demencia temporal comprende todos los matices de la locura. Sólo interesa al Derecho Penal por la manera evidentemente irregular como obra el hombre que la padece, y no entra, por no ser de su incumbencia, a estudiar su posible origen y proceso. Lo que importa a la investigación es establecer la prueba de que ciertamente está en frente de un desequilibrado mental, para ello es necesario servirse del dictamen de Médicos Psiquiatras. En términos generales, puede afirmarse que la locura se manifiesta desde que el hombre empieza a diferenciarse a sí mismo y por eso hay que considerar la conducta anterior al delincuente, el factor raza, ambiente social y el lugar donde se ejecutó el delito.