La falta de estabilidad laboral en el sector público por el decreto ejecutivo 813 y su afectación al derecho constitucional del trabajo

Abstract

El 7 de julio de 2011, el gobierno de la Revolución Ciudadana en la persona del Econ. Rafael Vicente Correa Delgado en su calidad de presidente de la República del Ecuador, expide el decreto ejecutivo 813, en cuyo artículo 8 “Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas. El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo. Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración. En el caso de la Provincia de Galápagos, el valor de la indemnización será calculado conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Disposición General Primera de la LOSEP. Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente pago los años laborados en el sector público, así como la parte proporcional a que hubiere lugar. La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.”1 Disposición, mediante la cual crea la figura inexistente de la RENUNCIA OBLIGATORIA, algo inédito que pretende considerar la salida de servidores públicos de forma obligatoria y dejar activa su partida presupuestaria. Lo confuso de esta norma radica en que el Estado indemnizará las renuncias de forma obligada es decir sin contar con la aceptación del servidor público o servidora pública. Esta medida social emitida a través de un Decreto Ejecutivo, dejó en la desocupación hasta el momento a más de 14.500 familias, dejándolas a su suerte con una indemnización pagada en bonos, a este drama social se suma que la gran mayoría de servidores públicos no tiene ninguna otra opción laboral a desempeñar. Con esta “transformación del Estado”, se busca teóricamente reemplazar a viejos servidores públicos y generar el ingreso de jóvenes profesionales que, previo concurso, llenen las vacantes dejadas por el antiguo personal. Lastimosamente la realidad es muy distinta, por ejemplo: en el Banco Nacional de Fomento, se retiró de la institución a excelentes técnicos con experiencia, sin ningún criterio de racionalidad productiva, mutilando y hasta paralizando diferentes procesos. El cambio ocasionado que todos buscamos llegó para dejar en total desocupación a cientos de familias ecuatorianas.