Necesidad de reformar el art. 9 de la ley contra la violencia a la mujer y a la familia, en torno a proteger a los denunciantes de actos de violencia intrafamiliar

Abstract

La familia constituye el núcleo de la sociedad y por ende de la nación, la comunicación, el afecto, el apoyo mutuo entre cada una de sus integrantes, debería ser la tónica común en cada hogar, sin embargo cuando estos factores se dejan de lado, o no forman parte de los hábitos de convivencia diarios, surgen inconvenientes, que perjudican no sólo el desarrollo de actividades familiares, sino también el desenvolvimiento que los integrantes de la familia tendrán ante la sociedad en el desarrollo de sus actividades, originando así los denominados problemas intrafamiliares. El caos dentro de la convivencia familiar, se presenta en el momento en el cual de estas desavenencias que no alcanzan solución a través del diálogo y la mediación, se da paso a situaciones que transgreden la integridad física, social, psicológica y física de cualquiera de sus integrantes, esto a través de la ejecución de actos violentos, que pueden ser premeditados o ejercidos por el furor de una discusión o desaveniencia del momento. Estas acciones violentas, van dirigidas generalmente a mujeres, adultos mayores y en el peor de los casos a niños indefensos, ante lo cual la constitución y la ley contra la violencia la mujer y la familia establece que por una parte, el Estado está obligado a proteger a quienes habían sido víctimas de cualquier acto de violencia intrafamiliar, y a su vez compromete a que cualquier persona que tenga conocimiento o será testigo de estas acciones repudiables, ejerza las acciones tendientes a renunciar y buscar sanción a dichos actos, sin considerar las posibles repercusiones negativas, tales como amenazas, injurias o agresiones de carácter físico o psicológico de parte de él o los agresores, hacia la persona o personas que lleven a cabo la denuncia o acto en favor de proteger a quien haya sido víctima de violencia intrafamiliar.