Inobservancia del juzgador Del principio de Proporcionalidad de la pena, Al dictar sentencia en Delitos de tenencia ilegal de Armas

Abstract

El principio de proporcionalidad en materia penal es absolutamente indispensable, puesto que por principio el ordenamiento constitucional es contrario a las penas crueles, como es también opuesto a la impunidad, por lo que se debe buscar siempre que el sistema de consecuencias jurídicas sea racionalmente proporcionado con las magnitudes de daño social del delito, con sus características individuales, con los efectos ocasionados en la persona ofendida, con la personalidad del reo y con sus necesidades de rehabilitación social. La pena por su propia naturaleza aflictiva para el ser humano, no debe ser tan grave, ni desproporcionada con respecto al delito de manera que pueda rayar en el campo de la venganza social a través de las llamadas penas crueles, prohibidas en forma expresa en la Constitución de la República del Ecuador, ni tampoco debe ser tan benigna como para no causar miedo y recelo de parte de los otros miembros de la sociedad, que de hecho son potenciales infractores. La proporcionalidad radica en que la pena debe significar un justo castigo necesario para el delito que reprime y un suficiente estímulo para la rehabilitación del reo, y debe tener la suficiente severidad como para ejercer un efecto disuasivo sobre los otros hombres que pudieren incurrir en conductas delictivas. El Art. 76, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador, como se ha visto antes, fija el principio de proporcionalidad de la pena en los siguientes términos: Las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones. Se entiende obviamente que esta obligación corresponde a los ordenamientos jurídicos de corte punitivo, como es el caso del Código Penal, Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios. Existe la necesidad de emprender en un pormenorizado estudio sobre las proporciones del sistema de consecuencias jurídicas aplicables a los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego deficientemente tipificados, al menos en cuanto a la pena en el sistema penal de nuestro país. De ahí, que resulta indispensable que nuestros asambleístas se preocupen, en aras del derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos, y como medio de realización del derecho al debido proceso, de promover reformas a las estructuras típicas de los delitos de tenencia de armas de fuego.