La necesidad de reformar la ley organica del sistema nacional de contratacion publica, en cuanto al procedimiento de contrataciones en situaciones de emergencia relacionado a establecer dentro de este proceso, un concurso privado competitivo por mejores precios y características técnicas sustentables, a fin de evitar que en la adjudicacion exista discrecionalidad por parte de la maxima autoridad y esto provoque reclamos de otros oferentes

Abstract

La contratación pública por excepción en el país es una forma de poner en práctica un procedimiento especial con el fin de preservar el orden en unos casos y superar las situaciones de peligro que se presentan en otros. El presente trabajo implica el análisis de los mecanismos que poseen las entidades para hacer viable este tipo de procedimientos y llevar adelante las diferentes contrataciones, estos procesos que, sin estar al margen de la Ley, están exentos de ciertas formalidades y requisitos. El surgimiento de situaciones emergentes hace que se tomen decisiones valiéndose de leyes, decretos, estatutos, reglamentos, resoluciones etc. con el fin de solucionar las diferentes coyunturas. En nuestro país la contratación en situaciones de emergencia en la mayoría de los casos no se ciñe a la poca o casi nula reglamentación existente sobre este proceso, dejando al libre albedrío de la máxima autoridad de cada institución pública, las decisiones de contratación en casos de emergencia, aprovechando la disposición del Art. 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, trayendo como consecuencia la vulneración de los derechos irrenunciables, tipificados en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66 numeral 16 sobre el derecho a la libertad de contratación. De esta manera se convierte en una evidente inseguridad jurídica a los derechos constitucionales y a los principios y normas reglados en el Art. 4 de la propia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, inobservando los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional, por lo que es necesario e imprescindible y urgente crear medidas jurídicas en la Ley antes citada, en cuanto al procedimiento de contrataciones en situaciones de emergencia, relacionado a establecer un concurso privado competitivo por mejores precios y características técnicas sustentables, a fin de evitar que en la adjudicación exista discrecionalidad por parte de la máxima autoridad y esto provoque reclamos de otros oferentes, cuando utilizan el Art. 57 del mismo cuerpo legal con el propósito de realizar adjudicaciones a dedo. Tomando en consideración que el Art. 389 de la Constitución de la República del Ecuador puntualiza que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico y, más todavía el Art. 66 numeral 16 de la Constitución del Ecuador, reconoce el derecho a la libertad de contratación y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Art. 9 numeral 3 establece como objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, el de garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública y quienes deben tutelar estos derechos, estas protecciones y objetivos son las máximas autoridades de las instituciones públicas como lo señala el Art. 57 de la Ley de Contratación vigente. Por otro lado se ha hecho costumbre de la máxima autoridad realizar contrataciones en situaciones de emergencia, de manera direccionada a oferentes no calificados y con especificaciones no sustentadas técnicamente, poniendo en riesgo los recursos económicos del Estado y, lo que es más grave sin dar soluciones oportunas a las emergencias suscitadas. También ocurre que amparándose en la declaratoria de emergencia, se suscriban contratos que nada tengan que ver con emergencia alguna de las que amparan y protege el Estado. Por lo señalado surge la necesidad de reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, estableciendo un concurso privado competitivo por mejores precios que garantice la transparencia y evite la discrecionalidad en la contratación pública.