Necesidad de incorporar en el marco normativo ecuatoriano la ley de equidad de género para garantizar la igualdad de derechos y prevenir la violencia generada por las relaciones de poder

Abstract

La Organización mundial de la Salud define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otras personas o un grupo o una comunidad, que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia de género se traduce, histórica y socialmente, en violencia dirigida contralas mujeres, (niñas, adolescentes, adultas, adultas mayores) puesto que las afecta en forma desproporcionada con base en el rol femenino socialmente construido. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. En el Ecuador el 61% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género. 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es la forma más recurrente de violencia de género en el país, con el 53,9% de casos. Y el76% de mujeres ha sido violentada por su pareja o ex pareja, es decir, la mayoría de las veces, el delito o abuso no se comete en la calle o en el trabajo sino, por el contrario, sucede puertas adentro, en el espacio privado: la casa, la intimidad y el hogar. Estos son los datos principales que se concluyen de la Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres. Según un informe de Amnistía Internacional, al menos 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada, la han obligado a mantener relaciones sexuales o ha sufrido algún otro tipo de abuso. Las estadísticas referenciadas constituyen un indiscutible escenario de desigualdad de género, de existencia de conductas degradantes que afectan en forma directa o indirecta la integridad de la familia y de la mujer particularmente, quien aún continúa siendo víctima de discriminación en diferentes espacios de participación pública y privada; Si bien es cierto la evolución de las políticas públicas en materia de prevención de la violencia en todas sus formas ha sido positiva, gradualmente se han generado proyectos mediante la articulación interinstitucional orientados a fortalecer desde los diferentes ejes la protección de los derechos de las personas, las acciones afirmativas de prevención han derivado en un mayor reconocimiento de las prerrogativas de las personas y por consiguiente se puede decir que hay avances importantes en materia de respeto y tutela de la integridad personal que precisamente incluye el derecho que tenemos todas las personas a vivir en un ambiente libre de violencia en todas sus formas. Sin embargo la violencia intrafamiliar y de género es un conflicto de orden estructural que requiere procesos continuos de sensibilización, capacitación y cooperación para construir nuevos esquemas de comportamiento y patrones culturales que aseguren la equidad de género, entendida esta como el derecho de hombre y mujer para participar y actuar en igualdad de condiciones dentro de procesos políticos, económicos y familiares.