Necesidad de reformar los arts. 1, 3 y 59 de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa respecto a establecer que los actos administrativos que adolezcan del vicio de desviación de poder sean considerados nulos de pleno derecho y proceda su impugnación

Abstract

De acuerdo a la Constitución que rige nuestro ordenamiento jurídico, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social; es decir, que toda actividad que realiza el Estado y sus instituciones deben estar sometidas al control constitucional, cuyos preceptos reconocen y tutelan los derechos de los ciudadanos mediante el sometimiento de la Administración Pública a la ley. La función de la misma, es la emisión y ejecución de los diferentes actos y hechos administrativos de una manera discrecional, constituyéndose el acto administrativo como toda declaración unilateral de la voluntad administrativa con efectos jurídicos inmediatos y directos sobre el administrado, mismos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos u obligaciones, en este caso, el acto administrativo en si es un acto jurídico que tiene efectos jurídicos sobre el administrado. Cabe señalar, que dichos actos gozan de la presunción de legalidad, de acuerdo a la Constitución, son impugnables por vía administrativa o jurisdiccional, es decir, a través de la interposición de los recursos por intermedio de los afectados; pero, mientras tanto son eficaces y producen todos sus efectos respecto del administrado. Cuando el acto administrativo es creado y ejecutado por la Administración Pública sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto, se producen los denominados vicios, los mismos que conllevan a que un determinado acto carezca de legitimidad. Cuando se habla de vicios, se refiere a las formalidades que la administración está obligada a cumplir para poder exteriorizar su voluntad, ya que la omisión o falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa jurídica vicia el acto administrativo. Las causas de nulidad absoluta o anulabilidad del acto administrativo, las encontramos en las disposiciones de los Arts. 94 y 95 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en los mismos se establecen las causas de invalidez de los actos, las mismas que producen nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El Art. 94 de dicho Estatuto, señala las causas para que los actos administrativos sean declarados de nulidad absoluta de pleno derecho y no sean susceptibles de convalidación; mientras que el Art. 95 de dicho cuerpo legal establece las causas de anulabilidad de dichos actos, es decir que los tales, pueden ser convalidados o en otras palabras ser legalizados por autoridad competente. Analizando las normas antes indicadas, claramente puedo distinguir en el inciso final del Art. 94 está presente el vicio de desviación de poder, mismo que, de acuerdo a la doctrina analizada en el presente trabajo, consiste en una falta que comete el funcionario público al emitir un acto administrativo con un fin diferente al establecido por el ordenamiento jurídico establecido, al tal hacerlo, conlleva a que se produzca el vicio ante indicado; por lo cual debe de una manera urgente solucionar esta ambigüedad jurídica. En cambio las causas para que los actos administrativos puedan ser convalidados o subsanados y surtan el efecto legal correspondiente, las establece el Art. 95 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, la norma citada menciona que inclusive el vicio de “desviación de poder” puede ser convalidado, ocasionando grave daño en el administrado. De lo anterior se desprende que la desviación de poder implica un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico y al interés general, debido a que el funcionario ha emitido tal acto con un móvil subjetivo sea para beneficio personal, familiar o de particulares; es por esta razón que considero que deben reformarse los Arts. 1, 3 y 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y establecer el vicio de desviación de poder como un acto no convalidante, de nulidad absoluta y de pleno derecho y el mismo pueda ser impugnado a través de la reforma antes señalada; el vicio administrativo antes señalado se da cuando un funcionario público emite un acto con fines distintos a los establecidos al ejercer sus potestades administrativas; este tipo del proceder administrativo aparentemente no ocasiona ningún daño en el administrado, pero en realidad encubre un problema más profundo ocasionando la violación de derechos fundamentales del mismo conforme lo dispone la Constitución y la Ley.