Necesidad de reformar el art. 34 de la ley de legislación ambiental, en relación a la contratación de seguros de protección ambiental

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 10 de la Constitución dispone que: “la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución”. Este artículo, “reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir”. Mientras que el Artículo 66, numeral 27, reconoce “el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. El artículo 72 del mismo cuerpo legal, menciona que “la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.” Es decir que, la Constitución es salvanguardista en cuanto a la protección de los derechos, incluyendo a la naturaleza como sujeto de derechos. A pesar de la inclusión a nivel constitucional de un régimen protector de la naturaleza, y que podía habernos llevado a pensar que se dio un verdadero cambio normativo en materia de protección y prevención ambiental, en cuanto a socializar el concepto de responsabilidad civil objetivo, ya que el último interés del Estado debe ser el preocuparse de que existan los mecanismos idóneos para reparar de manera integral los daños causados a la naturaleza y como consecuencia de éstos también al ser humano lesionado y a su patrimonio afectado, en la práctica no se ha dado, ya que la normativa suprema no ha ido acompañada de un régimen secundario que por ejemplo establezca la obligatoriedad de contratar seguros de protección ambiental para ciertas actividades como sucede en la República de Argentina, a través de los cuales se pueda reparar los daños a la naturaleza y compensar también a través de indemnizaciones los daños materiales o personales sufridos. En la legislación ecuatoriana se establece los seguros de responsabilidad ambiental y no de protección ambiental es así que el Art. 34 de la ley de Gestión Ambiental señala que: “servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental.”, y el Art. 60 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, señala: “En el seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, contra riesgos provenientes de incendios, plagas, enfermedades y otros riesgos forestales, al que podrán acogerse las personas naturales o jurídicas propietarias de bosques cultivados.” Como se puede observar tanto en la Ley de Gestión Ambiental como la Ley Forestal se permite el seguro de riesgos al medio ambiente. La ley define al riesgo asegurable como un acontecimiento incierto que no depende de la voluntad del asegurador, solicitante o del beneficiario. En nuestra legislación no son asegurables por ejemplo, el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del asegurado. Cabe mencionar que, la ley habla solo del dolo o culpa grave del asegurado, lo que deja abierta la puerta para asegurar el dolo o la culpa grave de los terceros. De igual forma limita el aseguramiento de las sanciones de carácter penal o policial, las cuales estarían bajo la órbita del derecho penal. En ese ámbito podrían estar aquellos actos u omisiones tipificadas como delitos ambientales. El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente responsable de los daños causados a terceros, por hechos previstos en el contrato. Es decir la responsabilidad civil es el fundamento del seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil no es un seguro a favor de terceros. El riesgo asegurable debe estar determinado en el contrato, caso contrario no cabe que el asegurador asuma el pago del siniestro por cuenta del asegurado. El seguro de responsabilidad civil busca proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. De ahí de la imperiosa necesidad, de que en nuestro país, es necesario contar con pólizas de protección ambiental, no bajo la práctica mundial actual de otorgar pólizas de responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento estructurados por varias empresas de seguros, porque éstas se encuentran circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares de pólizas de responsabilidad civil, es así que se mantiene la tendencia de asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de seguros de responsabilidad civil. Lo que en mi opinión, tiene un carácter restrictivo, ya que a través de estas pólizas no se contrata una protección para el medio ambiente afectado por daños ecológicos, sino la protección del patrimonio eventual responsable, que es el asegurado, ya que a través del seguro se busca indemnizar a las víctimas de un accidente ambiental que ha sido afectada en sus bienes y en su persona.