Efectos sociales y jurídicos de la inaplicabilidad del artículo 99 del código de planificación y Finanzas públicas en relación a las asignaciones Presupuestarias para los gobiernos autónomos Descentralizados

Abstract

El proyecto de investigación jurídica que presento como enfoque preliminar al desarrollo sistémico del informe de tesis se fundamenta en el tratamiento de una temática relevante dentro del área de la planificación presupuestaria y participativa en el Ecuador, con el objeto de identificar limitaciones y falencias de tipo estructural y normativo en el ámbito de las finanzas públicas en el Ecuador. El área temática tiene su fundamento jurídico en el ámbito de regulación del código orgánico de planificación y finanzas públicas, cuerpo legal que fue publicado en el segundo suplemento del registro oficial No. 306 del 22 de octubre del año 2010; El art. 1 del cuerpo normativo en referencia trata de su objeto y finalidad. Lo cual es importante enfocar para delimitar la problemática: “Art. 1.- Objeto.- El presente Código tiene por objeto organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales. Las disposiciones del presente Código regulan el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas.” Por tratarse de determinar a través de esta investigación los efectos sociales y jurídicos de la inaplicabilidad del artículo 99 del código de planificación y finanzas públicas en relación a las asignaciones presupuestarias para los gobiernos autónomos descentralizados, es fundamental invocar la norma constitucional que en su Art. 280 dice: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados.” Sin lugar a dudas el estado a través de sus órganos, como la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, se obliga a coordinar estratégicamente la planificación presupuestaria y participativa para ejecutar todos los proyectos de inversión y desarrollo por parte de las instituciones públicas incluidos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS); El problema objeto de estudio y que representa la materia de discusión en el presente análisis se encuentra delimitado en el art. 99 referente a la universalidad de recursos que en su inciso cuarto menciona: “El Estado garantizará la entrega oportuna de las asignaciones específicas de ingresos permanentes y no permanentes para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El ente rector de las Finanzas Públicas, en casos de fuerza mayor, podrá anticipar las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro del mismo ejercicio fiscal, de acuerdo al Reglamento de éste código” Resulta incierto lo antes transcrito dado que en el escenario de las relaciones cotidianas en el país no hay un estricto cumplimiento y observancia de lo dispuesto en la carta magna ni en el código de planificación y finanzas públicas respecto de las asignaciones presupuestarias para los gobiernos autónomos descentralizados, pues es evidente el retraso y las omisiones en las que se ha incurrido por parte del gobierno central y sus entes encargados de la asignación de recursos a los GADS, lo cual ha derivado en una incontrastable crisis económica que ha generado desfases considerables en la ejecución de obras públicas en territorios provinciales y cantonales que al mismo tiempo implican una afectación de derechos colectivos atentatorios contra el desarrollo. Por estas consideraciones, estimo necesario profundizar en el problema jurídico identificado a efecto de proporcionar algunos insumos y alternativas para viabilizar una propuesta de reforma al código orgánico de planificación y finanzas públicas, dirigido a promover mecanismos de acción e intervención que permitan el efectivo traspaso de recursos desde el gobierno central hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados.