La ley orgánica del servicio público, debe regular Adecuadamente la facultad que tienen los Usuarios para interponer recursos y reclamos Ante las autoridades administrativas

Abstract

Los servidores públicos relacionados con la administración del Estado, en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus deberes, deben ser responsables por los daños y perjuicios causados en los organismos y entidades del sector público cuando estos demuestras ineficiencia y de esta forma perjudican a los usuarios retrasando sus trámites, se caduca la documentación o se traspapela la misma de esta n e vuelve complejo el trámite. Es por ello que los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus deberes, deben cumplir en forma eficiente las normas jurídicas que rigen la administración pública y evitar ser responsables de una sanción. Administrativa, civil o penal. Si por el contrario, el servidor público actúa en forma incorrecta, contraria al orden jurídico, deberá responsabilizarse por los efectos o errores cometidos por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones, la responsabilidad equivale a reparar el daño causado, ya sea personal o pecuniariamente. En este caso no debe existir servidor público exento de responsabilidad, los servidores públicos de las diferentes instituciones del Estado, que tengan a su cargo funciones administrativas, responden hasta por hecho más leve, las obligaciones de los servidores públicos para con los particulares, nace como consecuencia de haber inferido daño o perjuicio en la prestación de un servicio público, responsabilidad que puede ser administrativa, civil o penal, dependiendo de la gravedad de la falta. El problema de la responsabilidad del Estado y de los servidores públicos, tiene su fuente o base legal, en la Constitución de la República del Ecuador, que establecen que el Estado y toda persona en ejercicio de sus funciones, están obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de un servicio público así como también por las acciones u omisiones de sus funcionarios y empleados públicos en el desempeño de sus cargos, sin perjuicio de ejercer el derecho de repetición en contra del funcionario; sin embargo, es común ver, como el Estado Ecuatoriano, desde su vida republicana no ha indemnizado a personas o grupos de personas como consecuencia de la responsabilidad civil del servidor público, porque existen algunos casos en los que algunos ciudadanos han sido afectados por la mala actuación de los servidores públicos, hace un par de años salió de prisión un ciudadano cumpliendo cincos de prisión, acto que fue reconocido por el Estado que se había actuado erróneamente y lo único que se develó fue una placa indicando que el fue encarcelado por equivocación, pero no hubo la sanción correspondiente para los responsables del hecho. Si bien es verdad que la Contraloría General del Estado, en sus auditorías practicadas a las entidades del sector público, logra determinar responsabilidades no solo administrativas sino también civiles y hasta penales, en la mayoría de los casos la acción se diluye por falta de un ejercicio efectivo de la entidad pública respectiva en contra del servidor público, simplemente se ha limitado a ejercer la acción administrativa y la acción penal, pero no la acción civil por su responsabilidad, de estos casos existen un sin número a los cuales el actual Contralor siempre ha hecho reclamo a la fiscalía que no se ha preocupado por dar seguimiento a los cientos de casos en la cual se encuentra perjudicado el Estado y un sin número de ciudadanos. Las obligaciones de los servidores públicos para con los particulares, nace como consecuencia de haber inferido un daño o un perjuicio en la prestación de un servicio público, por lo que todo funcionario en el ejercicio de sus funciones puede ser sujeto de responsabilidad administrativa, civil o penal; ya sea por responsabilidad contractual o extra contractual, como es el caso de los servidores del Hospital de Guayaquil y de muchos otros en los cuales se ha sustraído las medicinas perjudicando a miles de pacientes en especial los que tiene enfermedades terminales a los cuales se les ha negado vivir un día más en su vida.