Reforma al art. 267 del código orgánico integral penal, en cuanto a la sanción a las personas jurídicas por reincidencia en delitos contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petroleo y biocombustibles

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, establece en su Art.3 numeral 7 el deber primordial del Estado en defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente; y, preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo. De tal manera que la Constitución de la República, garantiza el desarrollo sano y normal de los y las ciudadanas, protegiendo su entorno y ambiente tanto natural como cultural. De igual forma en el mismo cuerpo legal en su Art.15, se establece que “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento alimentaria, ni afectará el derecho al agua”1. Así mismo la Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 313 que: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y publicaciones. Febrero 2012 económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que le determine la ley”2 Ante esto, tanto el subsidio de los combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo, asumido por el Estado, ha provocado que personas inescrupulosas hagan uso indebido de aquel, mediante el comercio ilícito de dichos combustibles, derivados de hidrocarburos, lo cual ha generado y genera grave perjuicio económico al Estado. Además en los últimos años se han efectuado sistemáticamente sustracciones fraudulentas y adulteraciones de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo, mediante el uso de diversos métodos y formas; hechos que han sido oportunamente denunciados a la Fiscalía. Cabe mencionar que en el Art. 1-A de la Ley de Hidrocarburos determina “En todas las actividades de hidrocarburos, prohíbense prácticas o regulaciones que impidan o distorsionen la libre competencia, por parte del sector privado 2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Corporación de Estudios y publicaciones. Febrero 2012 público. Prohíbense también prácticas o acciones que pretendan el desabastecimiento deliberado del mercado interno de hidrocarburos”3 El Código Orgánico Integral Penal Integral en su Art.267 determina que “Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica por las acciones tipificadas en esta sección será sancionada con multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general”4 Es decir que, el Estado garantiza y sanciona la adulteración de la calidad de los derivados hidrocarburíferos, la paralización del servicio, el almacenamiento, transporte, comercialización o distribución ilegal o mal huso de los derivados de hidrocarburos y combustibles; pero el problema radica en que este artículo del parágrafo 2º del Capítulo IV del Título IV del Código Orgánico Integral Penal y la Ley especial de Hidrocarburos solo establecen la sanción a la reincidencia de personas naturales por los delitos contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles; por lo que es necesaria una urgente reforma al Código Orgánico Integral Penal, en donde se establezca como sanción a la reincidencia de esta clase de delitos cometidos por personas jurídicas no solo con la multa ya establecida, sino también que con la reincidencia por dos ocasiones tenga una clausura temporal de 15 días y con una tercera ocasión con la clausura definitiva.