Necesidad de reformar el art. 345 del reglamento de la ley orgánica de educación intercultural a fin de garantizar el principio de imparcialidad en los procesos de sumario administrativo.

Abstract

La presente tesis tiene la finalidad de analizar minuciosamente el Art. 345 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural dentro del proceso del Sumario Administrativo para los Docentes, que habla de las competencias, la misma que explícitamente manifiesta que “Dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo 92 de la Ley Orgánica de Servicio Público, la Junta Distrital de Resolución de Conflictos o el Director Distrital pueden disponer el inicio y la sustanciación del respectivo sumario administrativo e imponer la sanción correspondiente a través de la expedición de la respectiva resolución.”1, de igual forma el Art. 92 de la Ley Orgánica de Servicio Público habla de las Prescripción de acciones en las que “Las acciones que concede esta Ley que no tuvieren término especial, prescribirán en noventa días, que se contará desde la fecha en que se le hubiere notificado personalmente a la servidora o servidor público con la resolución que considere le perjudica...”2 El sumario administrativo nace con la finalidad de buscar un responsable de una causa administrativa y luego de haber agotado la instancia de ley que corresponden luego de no haber podido ser atendidas; en el caso del docente denunciado por parte de un padre de familia, la instancia a la cual debe acogerse es el reclamo directamente al docente implicado, luego al director o rector de la institución, Consejo Ejecutivo, agotadas estas instancias, se procederá a plantear la denuncia ante la Dirección 1 REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, pág. 55 2 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Pág. 34 Distrital luego de cumplir las acciones previas tipificadas en el art. 346 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Pero según lo que expresa el Art. 345 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural es, que la Junta Distrital de Resolución de Conflictos o el Director Distrital serán los encargados de disponer el inicio y la sustanciación del respectivo Sumario Administrativo, e imponer ellos mismo la sanción, por lo tanto considero que se viola dicho proceso, parcializado a una de las partes del proceso, violando de esta manera uno de los principios constitucionales como es el Principio de Imparcialidad. Por tal motivo creo conveniente que el Art. 345 sea modificado y que las competencias que ahí se mencionan pasen a manos de un ente investigativo que no tenga nada que ver con los Distritos del ministerio de Educación, ni mucho menos de las juntas distritales de resolución de conflictos, para evitar la parcialidad de los procesos y garantizar el Principio Constitucionalidad de la Imparcialidad.