El funcionario público y el testaferrismo, como tipo penal agravado

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador vigente, establece en su artículo 233, que serán responsables civil, administrativa y penalmente por sus acciones u omisiones, los servidores públicos que cometan actos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, donde pues haber testaferrismo, enriquecimiento injustificado, peculado, entre otros; incluso las acciones para perseguir determinados delitos contra la administración público son imprescriptibles; de ahí la necesidad de tipificar conductas afines que prevengan el cometimiento de otras conductas como el ocultar los bienes, activos, ingresos y dinero en efectivo en terceras o interpuestas personas, perjudicando al patrimonio del Estado, por no declararlos legalmente, lo cual, dependiendo del daño causado debe ser sancionado penalmente, y más aún si dicho dinero proviene de una conducta ilícita, es decir que en el Estado ecuatoriano, no existe un tipo penal que sancione dichas conductas y por ende la necesidad de tipificar en el Código Penal estos actos antijurídicos por cuanto se perjudica al patrimonio del Estado, además de la agravación punitiva por tratarse de servidores públicos.