Reformas necesarias a la ley contra la violencia de la mujer y familia, en cuanto a la prescripción de la acción, por actos de violencia intrafamiliar

Abstract

El tema planteado como es “Reformas necesarias a la Ley Contra la Violencia de la Mujer y Familia, en cuanto a la prescripción de la acción por actos de violencia intrafamiliar”, ha sido una de las grandes inquietudes que me ha surgido, debido al gran número de causas que han sido iniciadas en los Juzgados, y no han llegado a tener una resolución adecuada en vista de que han sido abandonadas y por lo tanto declaradas la prescripción por parte de la autoridad, es decir por los Jueces de Violencia Intrafamiliar, como un mecanismo para depurar la tramitología de causas en la dependencia donde se inició el proceso. Al ser responsabilidad del Estado velar por los derechos de los grupos vulnerables, le corresponde al mismo, a través de los operadores de justicia garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución y la Ley, por lo que tiene el deber ineludible de exigir que los principios de celeridad en el juzgamiento de las contravenciones y el principio de inmediación sean cumplidos a cabalidad, para que los hechos de violencia generados dentro del núcleo familiar no queden en la impunidad y lo que es más, a través de la actuación diligente de los responsables de la administración de justicia se logre erradicar la violencia como un elemento generador de unidad del núcleo familiar, en pos de una Sociedad más unida y consolidada, y que refleje en la estabilidad de los hogares de la sociedad ecuatoriana, y de esa manera 3 procurar cumplir con todos y cada uno de los compromisos legales que el Estado asume por medio de la Constitución, los Tratados Internacionales y la Legislación Vigente. No podemos olvidar que el Estado Ecuatoriano de acuerdo al Artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador protege y garantiza a los grupos que se sitúan en condiciones de alta vulnerabilidad, y especialmente las mujeres, niñas, niños y adolescentes por lo que al ser mancillados sus derechos estos son propensos a la violación de sus Derechos Humanos, y a la vez sujetos de discriminación, lo que impide el goce de dichos derechos en igualdad de condiciones. La Violencia contra la Mujer y la Familia en nuestro país debe ser considerada como una violación a los Derechos Humanos, para estar acorde a lo resuelto desde la “Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993”1 y que lo explica claramente en la Declaración y el Plan de Acción de Viena, pero previo a ello en el año de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”2 y en ella se considera a la violencia como una violación a los derechos humanos, y al ser el estado suscriptor de este convenio, le corresponde aplicar este principio, conforme lo 1 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 1993 2 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 1993 4 establece el Art. 426. De la Constitución del República del Ecuador, que textualmente dice: “Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos”3. La lucha contra la violencia y el maltrato dirigido especialmente a niños, niñas y adolescentes se reconoce como una obligación subsidiaria del Estado, y sus 3 Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales , 2008, pág. 192 5 agentes, por medio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (y la Niña) desde 1989 El Ecuador al ratificar la Convención Belén Do Para, taxativamente reconoce que los derechos de las mujeres y las niñas, son Derechos Humanos universales consagrados y se compromete a promover y proteger el pleno disfrute de estos derechos. Todo esto se reitera posteriormente al incorporar la Convención Interamericana (Belém do Pará) en el orden jurídico vigente como es la Ley 103 contra la Violencia de la Mujer y la Familia. Estos instrumentos reconocen el derecho fundamental a una vida libre de violencia, entre las que se encuentran el derecho a la vida, el respeto a la integridad física, psíquica y moral, la libertad y la seguridad personal, a no ser sometidas a torturas, tratos inhumanos y degradantes, a la igualdad ante la Ley, es por ello que la procedibilidad de las acciones de violencia intrafamiliar debe ser superada en el momento de que la acción quede debidamente sancionada como un único mecanismo de reorientar a la Sociedad y a la consecución de un núcleo familiar libre de violencia para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres como una obligación que recae en el Estado, y cuando el funcionario público y agentes estatales violan el derecho a la igualdad están contraviniendo esta responsabilidad. De ahí que las contravenciones de violencia intrafamiliar deben ser imprescriptibles.