Incongruencia jurídica entre el codigo organico de la funcion judicial, la constitución de la república del ecuador y los tratados internacionales respecto a la función de los abogados

Abstract

En La Habana, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, tuvo lugar el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en él se discutieron y finalmente aprobaron “Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, formulados para ayudar a los Estados Miembros, en su tarea de promover y garantizar la función adecuada de los abogados, los que según el texto del propio tratado “deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, y deben señalarse a la atención de los juristas así como de otras personas como los jueces, fiscales, miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general. Dicho Acuerdo Internacional, norman que los abogados no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”. Esto está en contradicción con lo que ordena el Código Orgánico de la Función Judicial, al sancionar a los abogados en su Art. 26 específicamente, facultad dada al Consejo de la Judicatura. 3 Esto está violando la Constitución, ya que de acuerdo a Carta Magna, en su Art. 181, no está competente la función de sancionar los abogados. ¿A qué legislador, con un mínimo de ilustración sobre el tema, le parecería posible dotar de atribuciones fiscalizadoras a un órgano que pertenece a otra esfera, para que actúe como ente acreditador de la calidad moral, intelectual y por ende profesional del abogado? Pues solamente a abogados que nunca han ejercido la profesión o en su defecto ignoran la esencia misma de tan noble actividad. Olvidan quienes aprobaron el Código Orgánico de la Función Judicial que es la Ley la que debe adecuarse a la Constitución y de modo alguno, es a la inversa. Ciertamente las Leyes desarrollan los principios constitucionales pero guardando plena observancia respecto de éstos. Esto viola lo preceptuado en el Art. 26 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, que dice: “La legislación o la profesión jurídica por conducto de sus correspondientes órganos, establecerán códigos de conducta profesional para los abogados, de conformidad con la legislación y las costumbres del país y las reglas y normas internacionales reconocidas”.