INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y DEL ENTORNO SOCIAL DEL INFRACTOR Y LA VICTIMA PARA LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.

Abstract

La presente tesis está orientada a realizar un análisis del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a las infracciones y sanciones penales, además de las atribuciones que tiene el Fiscal dentro de un Proceso Penal, es aquí donde se enfoca mi investigación determinando que en la actualidad no existe una norma que le obligue a realizar una evaluación de la personalidad del procesado y la victima por medio de un perito especializado, y que así mismo las sanciones sean aplicadas tomando en consideración este estudio ya que las penas deben ir de acuerdo al resultado del delito y tener en consideración las circunstancias que lo motivaron. Al realizar esta evaluación y que sea tomada como prueba dentro del proceso surgirían más elementos de convicción para que se determine una sanción justa; estimo que al no existir la obligatoriedad de la evaluación dentro de la etapa de instrucción fiscal, pone en riesgo el principio de proporcionalidad que debe existir entre infracciones y sanciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, puesto que sólo se califica los resultados del hecho punible. Conforme al análisis realizado de los resultados de la investigación de campo, se determinó que las penas son desproporcionadas porque sólo se considera el resultado del delito, acarreando con esto un sinnúmero de consecuencias perjudiciales, para el infractor y la víctima, y que además surge un problema mayor para la sociedad en general porque las penas impuestas no cumplen con la finalidad de rehabilitarlos. Concluyendo, por lo tanto, que en las atribuciones del Fiscal no hay una norma que obligue realizar la evaluación de la personalidad del procesado y de la víctima, ya que los Tribunales de Garantías Penales sólo califican el resultado del delito, por consiguiente, surge la necesidad de recomendar una propuesta jurídica que incorpore en el Código de Procedimiento Penal, la norma que permita la evaluación de la Personalidad del infractor así como para la víctima, a fin de salvaguardar sus derechos e intereses y evitar la aplicación de penas desproporcionadas. Buscando además su rehabilitación y por ende su reinserción a la sociedad.